Anticorrupción ultima el escrito que ordena hechos e imputados de 'Púnica', y que entregará al juez antes de septiembre

El informe, referido a más de 200 imputados, fue requerido hace meses por el magistrado García Castellón

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto presentar esta misma semana al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un extenso informe que reordena y pone 'negro sobre blanco' el macrocaso Púnica --que investiga presuntas corruptelas vinculadas al PP en la adjudicación de contratos públicos en una decena de municipios-- y que fue requerido hace meses por el magistrado, han señalado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.

Este documento podría desvelar si finalmente las fiscales del caso Teresa Gálvez y Carmen García Jordá instan la imputación en la causa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en una de las piezas de la investigación, la que trata sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, tras ser señalada en varios informes de la UCO de la Guardia Civil.

Púnica es una macrocausa que comenzó a instruir en otoño de 2014 el juez Eloy Velasco, uno de los antecesores de García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6, y consta de hasta 16 piezas separadas. La ardua labor de las fiscales para poner a punto el informe durante estos meses, en los que la causa no ha dejado de instruirse mediante la citación de testigos, investigados y el análisis de documentos, ha consistido en 'limpiar' la lista de imputados, que supera las 200 personas, y comenzar a dar forma a algunas piezas que se acercan ya al fin de la instrucción.

Púnica suele ser definida por las fuentes jurídicas que participan en la investigación como un conjunto de 16 macrocausas separadas, tantas como líneas de investigación se han ido consolidando en piezas diferentes desde que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó las primeras detenciones en 2014, cuando cayeron medio centenar de políticos y empresarios y entre ellos, el presunto 'cerebro' de la trama Franscisco Granados, que fue mano derecha en Madrid de Esperanza Aguirre.

El pasado mes de diciembre, García Castellón acordó prorrogar 40 meses más la instrucción, fijando el horizonte del fin de las actuaciones en el año 2022 dada la extraordinaria complejidad de la causa. Unas semanas después, el 10 de enero, remitió a la Fiscalía Anticorrupción una providencia en la que instaba a proponer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.

RECORTE DE PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

El plazo planeado por el magistrado para terminar sus tareas deberá ser sin embargo bastante más corto, ya que el pasado 11 de abril la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó sin efecto la prórroga de 40 meses que acordó el juez Manuel García Castellón para concluir y le ordenó que pusiera fin la investigación antes de junio de 2020. Queda entonces apenas un año para que concluyan las investigaciones.

Como es lógico, algunas piezas están más avanzadas que otras. Es el caso de la relativa a los amaños de contratos con la compañía francesa Cofely en varios municipios de diferentes comunidades autónomas, una pieza que se estaría ultimando a falta de la resolución de los últimos recursos presentados por las partes y que podría quedar lista para apertura de juicio oral.

Hasta ahora sólo se ha juzgado un asunto relacionado con Púnica, el relativo al 'chivatazo' que recibió Granados en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado por parte de un guardia civil. El asunto ha sido incluso cerrado por el Tribunal Supremo, que el pasado 14 de marzo confirmó la condena de dos años de prisión para el exsecretario general del PP de Madrid por un delito agravado de aprovechamiento de secreto.

El alto tribunal confirmó así la condena impuesta por la Audiencia Nacional al entender que esta revelación originó un grave daño a la investigación policial, permitiendo a Granados y a su ex socio David Marjaliza, otro de los hombres clave de la trama, tomar ciertas cautelas distintas a las observadas anteriormente.

PIEZA DE LA FINANCIACIÓN

La pieza de mayor repercusión pública es la referida a la financiación irregular del PP en determinadas campañas de Esperanza Aguirre, que se inició tras el hallazgo de una agenda de Granados en las que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pueden pertenecen a presuntos donantes del PP regional, algo que el excolaborador de Aguirre siempre ha negado.

Ya en enero de 2018 el juez Diego de Egea, que instruyó en el Juzgado número 6 antes de García Castellón, acordó unificar en una sola pieza las dos investigaciones que había abiertas hasta ahora en este órgano judicial sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, instruidas en el marco de los casos Púnica y Lezo. En el sumario de Púnica se investigan investigando los pagos al PP de Madrid para la campaña electoral de las autonómicas de 2007, con Francisco Granados como secretario general, mientras que en Lezo se dirigían las pesquisas hacia las de 2011, ya con Ignacio González como número dos del partido, siempre con Esperanza Aguirre en la presidencia.

Recientemente, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad en varias reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de esos encuentros ni el papel que ella desempeñó.

En lo referido a otras piezas de Púnica, las pesquisas se siguen desarrollando y las mismas fuentes destacan la complejidad del entramado societario que algunos de los investigados desplegaron para ocultar capitales ilícitos y que conlleva la recepción de comisiones rogatorias de distintos países del mundo. También se han multiplicado en los últimos meses las comparecencias ante el juez de Marjaliza, que ha ido ofreciendo versiones de lo que fueron sus actividades con Granados que ha sido preciso ir investigando.

A ello se añade un denominador común que dilata la progresión de la causa y es el ingente material intervenido y los limitados recursos del Juzgado para proceder al volcado de la documentación y su publicación en la 'nube' para ponerla a disposición de todas las partes, algo esencial para garantizar el derecho de defensa.