La APM dice que el juez que investiga a García Ortiz "sabe las decisiones que debe adoptar" y no dudan de su "prudencia"

Dos agentes de la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado, a 30 de octubre de 2024, en Madrid (España).
Dos agentes de la Guardia Civil en la Fiscalía General del Estado, a 30 de octubre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press
Publicado: jueves, 31 octubre 2024 17:22

La AJFV dice que el registro de su despacho "no supone merma" en su presunción de inocencia y FJI pide esperar al auto que lo autorizó

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha asegurado este jueves que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "sabe las decisiones que debe adoptar" al tiempo que han loado "su criterio, su prudencia y la mesura" de la medida adoptada este miércoles: la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha mostrado su "respeto absoluto a la independencia judicial" y ha afirmado que no se puede "valorar la decisión del juez instructor" porque solo el "conoce el procedimiento y sabe las decisiones que para la investigación de la causa debe adoptar". Cabe recordar que esta medida se enmarca en la investigación del Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz por la presunta revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Sergio Olivas ha indicado a esta agencia de noticias que "la medida acordada por el juez instructor del Tribunal Supremo debe enmarcarse en el contexto de una instrucción reservada" en una causa que se encuentra bajo secreto.

"Esto es fundamental, ya que asegura que se preserven las garantías del proceso y la confidencialidad necesaria en esta etapa. Es importante resaltar que esta medida, habitual en las instrucciones de nuestro país, no supone merma alguna en la presunción de inocencia del investigado, y siempre tiene el derecho de recurrir la decisión. Es el normal funcionamiento de nuestro Estado de derecho", ha añadido.

En este contexto, Olivas ha apuntado que "sería deseable que se fomente un clima en el que se respete el devenir procesal de cualquier investigación penal". "Esto no solo garantiza la eficacia del proceso, sino que también refuerza la confianza en las instituciones y en la justicia", ha apostillado.

JJPD PIDE REFLEXIONAR SOBRE LA "PROPORCIONALIDAD"

Por otro lado, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido "reflexionar" sobre "la proporcionalidad" de las medidas que afectan a los derechos fundamentales, como la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado.

A través un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación ha sostenido "que en estos casos en que pueden verse involucrados derechos fundamentales ha de procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero son igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación".

En el caso en concreto, ha apuntado, "se investiga si pudo haber un delito de revelación de secretos, es decir, un delito menos grave, lo que obliga a una fundamentación reforzada conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

"Al tratarse de la investigación de un delito de revelación de secretos, y a la vista de la naturaleza de la medida adoptada, es fundamental que se preserve el resultado de la diligencia de investigación, evitando las filtraciones que tienen lugar en casos similares", ha advertido JJpD.

La asociación ha concluido señalando que "lo contrario podría suponer que, para garantizar el derecho de defensa de quien se presenta como perjudicado, se vulneren los derechos fundamentales de otras personas".

DESDE FJI CREEN QUE "FALTAN DATOS" PARA OPINAR

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha opinado que a la opinión pública le "faltan datos" a la hora de valorar la proporcionalidad de la medida. A su juicio, el magistrado "habrá ponderado en su auto y habrá justificado" la necesidad de la misma.

"Ahí habrá que ir para ver si parece o no proporcionado. Nos faltarán elementos de contraste. A lo mejor ha habido movimientos que desconocemos la medida que se ha precipitado. En este trabajo de juez todo es revisable, y si no ha hecho un buen balanceo y no ha ponderado por vía de recurso se podrá anular lo que se habrá encontrado. Imagino que tendrá todo atado y bien atado", ha zanjado.

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