La APM mantiene el liderazgo en las salas de gobierno del Supremo, la AN y los TSJ con el 52% de las plazas

Le sigue la AJFV (25,6%), FJI (11,1%) y los no asociados (7,6%); JJpD consigue el 2,5%

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha conseguido mantener su liderazgo en las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) al hacerse con el 52,11% de las plazas, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press.

La APM ha obtenido votos suficientes para conseguir 61 miembros en las salas de gobierno, la misma cifra que logró en las elecciones de 2019. Le sigue la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que este año ha recabado dos plazas más que en los comicios anteriores; es decir, 30, un 25,64% del total. Es la única asociación que crece en estas elecciones.

Foro Judicial Independiente (FJI) ha recibido apoyos para mantenerse con 13 miembros, lo que se traduce en un 11,1%. Los no asociados, por su parte, han logrado pasar de 9 a 11 miembros en las salas de gobierno, un 9,4% del total. Y Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) ha obtenido 3 plazas --una menos que en las elecciones anteriores-- y se ha quedado con el 2,56% del total.

En el Tribunal Supremo, la APM ha conseguido 3 representantes --Antonio del Moral, Ignacio Sancho y Esperanza Córdoba--, mientras que la AJFV y los no asociados han logrado uno cada uno, Sebastián Moralo y Pablo Lucas, respectivamente.

En la Audiencia Nacional, los tres nombres elegidos son de la asociación mayoritaria: Los magistrados Ana Isabel Martín Valero, Ana María Sangüesa Cabezudo y Manuel Fernández-Lomana García han aglutinado el mayor número de apoyos con 40, 40 y 39 votos respectivamente.

Las salas de gobierno del Supremo y de la Audiencia Nacional están integradas por el presidente del órgano, los presidentes de las salas y los magistrados elegidos en estas elecciones. Se encargan de aprobar las normas de reparto de asuntos, de establecer los turnos para la composiciones de las secciones, de adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del tribunal, de proponer al CGPJ a los magistrados suplentes que necesita o de promover los expedientes de jubilación, entre otros.

REPARTO EN LOS TSJ

En los TSJ, la APM ha obtenido la totalidad de las plazas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Lo mismo ha hecho la AJFV en Canarias, Cantabria y Murcia. FJI, por su parte, se ha hecho con el 100% de las plazas en Aragón.

En el resto de los tribunales superiores, ha habido reparto. En Asturias la APM ha logrado dos miembros, la AJFV uno y JJpD otro. En Baleares han sido dos plazas para la mayoritaria y uno para la Francisco de Vitoria. En Castilla y León han liderado los no asociados --con 6 plazas--; le sigue la APM con 4, la AJFV con 3 y FJI con 1.

En Cataluña, los apoyos se han distribuido en 4 para los 'vitorinos', 2 para la APM y uno para FJI. En Extremadura han sido 4 de la Francisco de Vitoria y un no asociado. En La Rioja, FJI, los no asociados, JJpD y la APM han conseguido una plaza cada uno.

En Navarra, se han adjudicado 3 plazas para FJI y una para un no asociado; mientras que en País Vasco han sido 3 para la APM y uno para las otras tres asociaciones.

POLÉMICA POR EL VOTO DELEGADO

El proceso electoral se ha realizado este martes de manera "conjunta y única" para todas las salas de gobierno para fomentar la participación de los casi 5.500 jueces llamados a votar.

Fue en septiembre cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocó para ayer martes las elecciones para renovar a los miembros electos de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los TSJ, cuyo mandato de cinco años vencerá el 12 de diciembre.

La votación estuvo enmarcada en la polémica porque el CGPJ autorizó el voto delegado. La AJFV y FJI reclamaron al Supremo que suspendiera esta modalidad de voto al considerar que carecía de las "garantías necesarias para asegurar la trazabilidad del todo" y podría "abrir la puerta a manipulaciones o irregularidades en el proceso electoral". El alto tribunal aceptó la petición y suspendió de forma cautelar el voto delegado.