APM niega la versión de Gallardón y asegura que nunca le pidió tasas y que está en contra de su alta cuantía

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Antonia Sáez, ha negado este martes que esta asociación le pidiera a Alberto Ruiz-Gallardón un aumento de las tasas judiciales cuando tomó posesión como ministro de Justicia. La asociación, mayoritaria en la carrera judicial, reconoce que nunca ha estado en contra de esta medida en general, aunque no está de acuerdo en las altas cuantías fijadas por el Ejecutivo.

Sáez ha realizado estas aclaraciones tras conocer que Ruiz-Gallardón había desvelado durante un almuerzo con periodistas y abogados que "las tasas quienes las han pedido son los jueces", citando expresamente a la APM como reclamante de esta medida.

"El ministro se confunde porque nuestra asociación nunca ha estado en contra de las tasas, pero nunca se le ha pedido nada expresamente como asociación", ha manifestado Sáez en declaraciones a Europa Press, para añadir que, de hecho, no han podido hacerlo porque no han logrado "mantener una vía de comunicación" con el Ministerio.

Preguntada por otras manifestaciones realizadas por Ruiz-Gallardón durante este encuentro, en el sentido de que las protestas de jueces, fiscales o abogados responden a "intereses legítimos pero corporativos", Sáez ha aclarado que desde la APM no se ha hecho ninguna reclamación de tipo retributivo.

"Hemos sufrido recortes, pero como todos los demás y tendremos que soportarlos", ha dicho Sáez, que también ha aclarado que en la Comisión Interasociativa que integran las siete asociaciones de jueces y fiscales se ha hablado expresamente de no realizar reclamaciones de tipo retributivo porque éste no es el principal problema y con el fin de no dar argumentos al Ministerio.

Tras manifestar, ante las palabras de Ruiz-Gallardón, que "a estas alturas" no le "sorprende nada", la portavoz de la APM ha insistido en que como asociación no están en contra de las tasas, que existen en otros países de Europa, aunque están totalmente en contra de las cuantías fijadas en la Ley, que consideran desproporcionadas.