APROGC celebra el archivo de la "demencial" querella de Camps y la AUGC critica el "silencio" de Interior

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de guardias civiles han defendido la actuación de su compañero de la Unidad Central Operativa (UCO) que elaboró el informe que relaciona al expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps con el cobro de comisiones ilegales en la empresa pública Ciegsa, incluido en el sumario del caso Imelsa.

La APROGC ha celebrado el rechazo de la "demencial" denuncia presentada por Camps, archivada este miércoles por el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia. El expresidente de esta comunidad se querelló contra el agente que redactó el informe, cuestionando la labor de la UCO por su intención "difamatoria" y aludiendo a "gravísimas acusaciones y calumnias".

Antes de conocerse el archivo de la querella, la APROGC publicó un comentario en las redes sociales mostrando su confianza en la Justicia y augurando que "pronto" se sobreseería la "demencial denuncia del señor Camps contra la UCO de la Guardia Civil".

La AUGC ha subrayado que la decisión del Juzgado supone un respaldo a la labor que realizan "guardias civiles anónimos en la defensa de las leyes y los ciudadanos" y ha criticado el "clamoroso silencio" ante la querella de Camps tanto del director de la Guardia Civil como del ministro del Interior, "de cuyas bocas no ha salido ni una sola palabra de apoyo al compañero denunciado".

La magistrada valenciana ha archivado la querella un día después de que Camps acudiese al juzgado para ratificarla. El querellante ya ha presentado un recurso de aclaración y tiene previsto recurrir en reforma y apelación, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

Camps presentó esta querella el pasado 15 de septiembre, tras levantarse el secreto de sumario. Su escrito iba dirigido contra el agente que redactó el 'Informe sobre las relaciones de la empresa pública Ciegsa con ciertos políticos y funcionarios de la Comunidad Valenciana', con fecha de 18 de enero de 2016, por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra el honor.