Arranca este lunes la recta final del juicio por 'Gürtel' con el anuncio de petición definitiva de penas de la Fiscalía

La mayor solicitud de condena es para Correa, para el que Anticorrupción pidió, inicialmente, 125 años de prisión

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) comienza su recta final este lunes con el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones de sus conclusiones de la petición definitiva de años de cárcel para los 37 acusados, entre los que se encuentran el 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa; el número dos de la misma, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo; y el extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Tras escuchar durante un año las declaraciones de los acusados y de los tres partícipes a título lucrativo --la exministra de Sanidad Ana Mato, el Partido Popular y la mujer de la exalcalde de Majadahonda (también acusado), Gema Matamoros--, a los cerca de 300 testigos --entre ellos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre--, policías e inspectores de Hacienda, además de peritos; comienza la última fase de la vista oral: la de las conclusiones e informes de las acusaciones y defensas.

Este lunes las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás y las acusaciones informarán sobre sus conclusiones definitivas, es decir, cuál es su petición de penas para los procesados. El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales la solicitud de la mayor pena de prisión para Francisco Correa, un total de 125 años y un mes de prisión por considerarlo líder de la trama.

CORREA NO HA "IMPUGNADO NADA" EN EL JUICIO

Aún se desconoce si el Ministerio Público rebajará esta cifra al tener en cuenta que Correa es "una de las pocas partes del proceso que no ha impugnado nada", tal y como subrayó el propio presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado.

Además, durante su declaración --que duró cerca de 12 horas, repartidas en tres jornadas-- reveló datos que llevaron a reabrir la investigación de una presunta caja 'b' del PP --o "contabilidad extrancontable", como la denominó Bárcenas--. Correa afirmó que algunas constructoras recurrieron a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a cambio de comisiones de entre el dos y el tres por ciento abonadas al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La segunda mayor pena que pedía inicialmente la Fiscalía, 85 años y 6 meses de cárcel, es la correspondiente al 'número dos' de la trama y exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. En cuanto al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, las fiscales solicitan 42 años y 6 meses de prisión.

Entre los acusados se encuentra el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, para el que piden en principio 46 años de cárcel, y el denunciante del caso y ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas --que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados--, para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión.

Para estos tres últimos, las fiscales ya contemplaban al inicio de las sesiones la posibilidad de rebajarles las penas por las atenuantes de reparación del daño en relación a delitos contra la Hacienda Pública y por la de confesión, respectivamente.

LAS DEFENSAS INFORMARÁN DOS DÍAS DESPUÉS

Dos días después, el 11 de octubre, será el turno para que las defensas anuncien su petición final, que previsiblemente será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir a la vista oral.

El juicio se inició el 4 de octubre y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.