Sánchez Carreté fue citado por los abogados del clan y les recomendó regularizar con declaraciones complementarias
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El que fuera asesor fiscal del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su hijo primogénito Jordi Pujol Ferrusola, Joan Anton Sánchez Carreté reconoció el pasado 4 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio sin declarar, mediante un comunicado público.
Sánchez Carreté quien ya había declarado en esta causa en noviembre de 2014, llevaba los asuntos fiscales y relativos a las sociedades de los matrimonios Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola y el que formaban entonces Jordi hijo y Mercé Gironés. Fue convocado a la reunión por los abogados Javier Melero y Albert Carrillo y en el despacho se encontraban miembros de la familia, aunque no recuerda quiénes, contestando tan sólo con un "podría" a la presencia en dicho lugar de Marta Ferrusola
"Se me convocó como experto para ver qué debía hacerse con unos bienes en el extranjero que no habían sido declarados, fue una reunión de trabajo", apuntó el asesor a preguntas de la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez. La consecuencia de dicho encuentro fue la presentación de cinco declaraciones complementarias una semana después, según desvela en el audio de la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press.
Lo que sí dijo recordar Sánchez Carreté de la citada reunión es que entre los poseedores de cuentas en Andorra no se encontraba el expresidente de la Generalitat ni tampoco su hijo Oriol, dedicado a la política, que la había tenido con anterioridad. Sí recuerda haber colaborado en la preparación de la declaración complementaria de Marta Ferrusola.
Los trámites fiscales se realizaron, según el asesor, con la documentación aportada a la Inspección de Hacienda por las entidades andorranas. Se trataba de certificados de Andbank sobre saldos de las cuentas en el año 2010 - con anterioridad la responsabilidad fiscal habría prescrito- y también datos aportados por la Banca Privada de Andorra (BPA) posteriores a ese año, que fue en el que los Pujol fueron invitados a abandonar los servicios del primero de estos bancos.
ENGAÑO A LA ONIF
En otro momento de la declaración, la fiscal Suárez pregunta al testigo si no era posible que hubiera sabido del dinero en Andorra con anterioridad, dado que Jordi Jr. y su entonces esposa fueron objeto de una inspección por parte de Hacienda en abril de 2003. El asesor respondió que la inspección no sacó esos datos y que de hecho la ONIF realizó un requerimiento al matrimonio preguntando directamente si tenían cuentas en Andorra "y contestaron que no".
Sánchez Carreté aportó el día que su despacho fue inspeccionado en el curso de este procedimiento un 'pendrive' en el que se incluían varios documentos como los extractos de las cuentas y otros relativos a sociedades panameñas. En su declaración señaló que la mayoría de estos papeles no le servían para nada a la hora de realizar las declaraciones complementarias.
Además ha precisado que tres años antes de regularizar su patrimonio, el expresidente de la Generalitat le hizo consultas sobre un amigo que tenía unos fondos en el extranjero sin declarar. "Me preguntó el señor Pujol padre genéricamente y dijo que le afectaba a un amigo suyo. Me lo planteó como si fuera de otro", dijo el testigo ante el magistrado De la Mata.
El testigo especificó que el abogado del clan en Andorra participó en una segunda reunión celebrada el día 12 de ese mes de julio en la que aportó la información tributaria necesaria para hacer las declaraciones complementarias.
Además insinuó que entre la primera y la segunda reunión fue precisamente el letrado el que se encargó de recopilar en Andorra toda la documentación tributaria necesaria, aunque no lo confirmó.
Sanchez Carreté precisó que únicamente asesoró a la familia sobre la idoneidad de hacer las declaraciones complementarias si bien no realizó gestión tributaria alguna a los acusados, a excepción de Marta Ferrusola. Así lo indicó durante el interrogatorio en el que las partes le reprocharon que se estaba contradiciendo en su versión sobre el relato de los hechos.