La asociación del abogado de Homs presenta una querella en el TS contra ocho magistrados del TC por prevaricación

Drets considera que la reforma del Tribunal Constitucional atenta contra la legalidad española para suspender a autoridades públicas

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de abogados Drets ha presentado este lunes una querella por prevaricación contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional que desestimaron a finales de 2016 sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco contra la reforma del Tribunal Constitucional que, a su juicio, atenta contra la legalidad española y dota de capacidad para suspender de sus funciones a autoridades públicas.

El presidente de la asociación y abogado del ex portavoz de PDeCAT en el Congreso Francesc Homs, Sergi Blázquez, y el abogado del colectivo Agustín Carles han interpuesto en el Tribunal Supremo una querella contra el expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos, el actual presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarna Roca, y los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Veres García, Pedro José González-Trevijano, Ricardo Enríquez Sancho y Antonio Narváez.

Precisamente estos fueron los magistrados que desestimaron en dos sentencias los recursos presentados por los dos gobiernos autonómicos. Según ha dicho Blázquez a los medios de comunicación --después de registrar la querella en el alto tribunal--, son dos resoluciones tomadas a "conciencia y a sabiendas" de que no se sigue lo establecido en el Código Penal y, por lo tanto, se comete un delito de prevaricación.

Asimismo, tanto Blázquez como Carles, que se han presentado como abogados "contra la catalanofobia", han destacado que no se dirigen contra los tres magistrados que emitieron votos particulares, Adela Asúa, Francisco Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.

SOLICITA LA DECLARACIÓN MAGISTRADOS DE LOS VOTOS PARTICULARES

Es más, el colectivo presidido por el abogado de Homs pide en su querella que estos tres magistrados declaren como testigos "no para dar cuenta de sus votos particulares ni sus deliberaciones que son secretas, sino para que expliquen todos los motivos extra-jurídicos y extraconstitucionales" que se tuvieron en consideración para dictar las dos sentencias contra los recursos de los gobiernos vasco y catalán.

Esta querella de 57 páginas se ha presentado semanas después de que el Tribunal Supremo haya condenado a Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional por su participación en la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando era conseller de la Generalitat. El exportavoz de PDeCAT perdió el pasado miércoles su condición como diputado cuando el presidente de alto tribunal, Carlos Lesmes, envió al Congreso el auto de ejecución de la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha inhabilitado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años; a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses; y a la exconsejera Irene Rigau a un año y medio por los mismos hechos.

"INCOHERENCIA FLAGRANTE"

El colectivo de juristas entiende que la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional atenta contra el principio de involabilidad de los representantes políticos y contra el Estatuto del trabajador público. Según explican en un comunicado la asociación, la modificación legislativa ha dotado de capacidad ejecutiva al tribunal para imponer multas y suspender de sus funciones a autoridades, trabajadores públicos o particulares que incumplan las resoluciones del TC.

También, destaca que el TC permite que el Gobierno tome las "medidas adecuadas para hacer cumplir las sentencias", algo que para Drets es una "incoherencia flagrante ya que el Estado puede que sea la parte demandante en muchos casos".

Además para la asociación, la reforma la Ley orgánica 15/2015 atenta contra la legalidad española porque en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", como fue, a su entender la celebración de la consulta soberanista, el Tribunal Constitucional puede tomar las medidas que crea convenientes "ya sea de oficio o a petición del Gobierno español sin necesidad de escuchar a nadie".