La asociación mayoritaria de fiscales y la APIF piden la dimisión de García Ortiz y UPF le respalda

El fiscal general ya ha anunciado que seguirá en el cargo pese a la imputación del Supremo

MADRID 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han solicitado este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de imputarle por presunta revelación de secretos, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenecía-- le ha respaldado.

"Sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz --como el de cualquier otro ciudadano-- la AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos", ha dicho la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

Dexeus ha explicado que los fiscales tienen "una serie de incompatibilidades específicas, así como un código ético propio", que les "exige un plus de imparcialidad y de probidad", de ahí que el reglamento prevea "la posibilidad de que el fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal, y ello en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución".

"¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general del Estado, si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?", ha planteado.

Además, ha subrayado que "lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del fiscal general del Estado y si se ha excedido en las funciones que representa", por ello ha considerado "inadmisible" que García Ortiz "se ampare detrás de la institución.

En este sentido, el comunicado emitido por la Comisión Ejecutiva de AF denuncia que "la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación" de quienes la representan, "cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación". "Revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible", ha indicado.

Horas antes, el fiscal general ha emitido un comunicado en el que asegura que continuará en el cargo. "Es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", ha dicho tras conocer que el Supremo le ha imputado por la presunta revelación de secretos de la que le acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

APIF: "ES ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE"

Por su parte, la APIF insiste en que tras la decisión del alto tribunal, García Ortiz "ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

"En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito", explica en un comunicado de esta asociación, recogido por Europa Press.

Para la APIF, el fiscal general "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público" y por tanto "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".

Pone el foco en que según el EOMF la Fiscalía General del Estado puede acordar la suspensión cautelar de un fiscal incurso en un procedimiento penal, y apunta que "no tiene ningún sentido" que cualquier fiscal de España pueda ser suspendido "salvo que sea fiscal general.

"Parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del fiscal general del Estado", resalta, para incidir en que el artículo 31 de ese estatuto subraya que la duración del mandato es de cuatro años y que solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno.

La APIF concluye su comunicado señalando que mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, "es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho".

LA UPF DISCREPA DEL SUPREMO

Al margen, la UPF ha apoyado la actuación del fiscal general y la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Además, ha mostrado su "profunda preocupación" por "la presión y el desgaste" al que están siendo sometidos la figura del jefe del Ministerio Público y la propia institución.

En un comunicado difundido este miércoles, la UPF sostiene que el auto del Supremo "en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia" del fiscal general y muestra, "de forma sosegada pero firme", su discrepancia con la argumentación del alto tribunal para imputar a García Ortiz.

En este sentido, la asociación respalda el criterio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que en su informe defendió que los hechos investigados no tienen carácter delictivo.

Para la UPF, la nota informativa que envió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se enmarca en "la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz" y venía a "aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota", ello "sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública".

Así las cosas, la UPF ha hecho un "llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales".