Asociación Unificada de Guardias Civiles pide a la juez que le deje acusar en 'Mediador' sin el PSOE, PP y Vox

Ve "absurdo" ejercer la acusación con partidos políticos porque los guardias civiles no pueden realizar acciones políticas

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a la juez que le permita ejercer la acusación popular sin el PSOE, PP y Vox en la investigación del denominado 'caso Mediador' que se sigue contra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', como presunto líder de una supuesta trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos, y contra el general retirado de la Benemérita Francisco Espinosa.

La asociación ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que muestra su oposición a la decisión de la juez de acordar una "acción popular unificada" en el procedimiento en el que las seis acusaciones populares --PP, PSOE, Vox, Fuerza Canaria Unida Democrática, la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris) y la propia AUGC-- estén todas bajo la dirección de un solo letrado.

"Que sea bajo un único letrado resulta no solo absurdo sino además limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos para ejercer el derecho fundamental de defensa", señala la asociación al tiempo que incide en que el auto de la juez "resulta contrario al ordenamiento constitucional".

Para la AUGC "es notorio" que cuatro de las entidades que pretenden ejercer la acusación popular son partidos políticos. Y recuerda que la propia ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece que los agentes "no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales".

Así las cosas, recalca que incumplir o rebasar dichos límites legales podría llevarles a incurrir "supuestos disciplinarios muy graves" que podrían traducirse en la anulación de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de la Benemérita.

TAMPOCO PUEDE ACUSAR CON UNA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

Al hilo, asegura que tampoco podría ejercer una acusación popular "unificada" con Aguaiuris porque esta "tiene su propia configuración institucional e ideológica" con la que no pueden verse "identificados" si quieren "preservar la ineludible obligación de neutralidad política e ideológica".

"La AUGC no puede concurrir en unidad de acción con partidos políticos y otras organizaciones que, en el legítimo ejercicio de sus derechos, adopten posicionamientos ideológicos y políticos porque quebraría su obligada neutralidad política e ideológica", reitera.

En este sentido, considera que la decisión de la juez es "nula de pleno derecho y debe ser revocada expresamente, admitiendo la personación de la AUGC de manera individual".

SE OPONE A LA QUERELLA ÚNICA Y LA FIANZA

Al margen, también se opone a que tengan que formular una "única querella" y que se deposite "fianza única y conjunta por importe de 2.000 euros" al considerar que la juez no ha motivado lo suficiente las razones jurídicas para adoptar tales medidas.

Sobre estos dos extremos, señala que "es un hecho notorio que el ejercicio de la acusación popular no requiere que se formule querella si la causa en la que pretende materializarse la personación ya está iniciada y está en curso". Y recuerda que se debe excluir la fianza a quien pretenda ejercer la acusación cuando el procedimiento ya está en marcha.

El recurso de la AUGC es uno de los últimos movimientos del conocido ya como 'caso Mediador', donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

La trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Según los investigadores, el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

Está previsto que el próximo 31 de marzo la juez tome declaración a dos testigos, la examante del general Espinosa --que permanece en prisión-- y un empresario que tenía una relación de amistad con el investigado.