Asociaciones valencianas pedirán una audiencia al juez Garzón y ampliar las investigaciones a cinco fosa

VALENCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Grupo de Desaparecidos de 'La Gavilla verde' anunciaron hoy que se personarán en la causa del juez Baltasar Garzón, a quien además, pedirán una audiencia y le invitarán a venir a Valencia con un grupo de expertos para que puedan comprobar por sí mismos la situación de las fosas en esta zona.

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el presidente del de 'La Gavilla verde', Pedro Peinado, quienes revelaron que, este año y en 2009 prevén trabajar en cinco fosas de la Comunitat, situadas, según dijeron, en Albalat dels Tarongers, Banagèber, Alpuente y Portaceli, y pidieron que se investigue la sección 5ª derecha del Cementerio General de Valencia, junto a las "ya conocidas", 7ª derecha y 5ª izquierda, incidieron. Además, adelantaron que están investigando la posible existencia de otra fosa en Paterna.

Ambas organizaciones criticaron la "inquietante" actitud de la Fiscalía, después de que solicitara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la paralización --acordada el pasado 7 de octubre-- de las exhumaciones de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas tanto por el juez Garzón, así como por su sustituto en el Juzgado Central, Santiago Pedraz "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

En este sentido, Matías Alonso apuntó que con el recurso de Fiscalía "vemos un intento de apartar al único juez que no ha entrado en el tema" para resolver la situación de los familiares de desaparecidos "cuya herida se abrió hace años" y han encontrado en Garzón "esperanza de que un poder efectivo del Estado pudiera cerrar su herida".

Ante esta situación, calificó de "escándalo jurídico" el fundamento jurídico de la resolución adoptada por la Audiencia Nacional para paralizar las exhumaciones. En este sentido, vio como una "falta de respeto a los desaparecidos" que no se consideren 'urgentes' las excavaciones, algo "inaplazable para no seguir vulnerando ni un minuto más el derecho de reparación moral y de recuperación de memoria personal y familiar".

En este punto, señaló también que "la edad de muchos demandantes obliga a la tramitación urgente de todo el proceso".

OBLIGACIÓN DE LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN

Por otra parte, respecto al tema de si el juez Garzón es competente o no para instruir la causa, Pedro Peinado recordó que aunque se le declare incompetente no se verían afectadas las aperturas de fosas y las inhumaciones que se hayan realizado, pues los Jueces de Instrucción de cada demarcación tienen la "obligación legal" de rectificar dichas actuaciones y ordenar su continuación.

Con lo que si se para el proceso iniciado por Garzón "acudiremos a los jueces de instrucción que corresponda con las denuncias" de posibles entierros ilegales o fosas ilegales, advirtió. "Si no nos hacen caso iniciaremos las excavaciones, con el riesgo que ello conlleva, y si encontramos algo, volveremos a presentar la denuncia ante el mismo juez", insistió.

No obstante, por el momento, "vamos a esperar qué ocurre con el auto del juez Garzón". Aunque, en caso de que se le declare incompetente, desde la organización, "nos presentaremos a las ayudas que concede el Ministerio" para iniciar los trabajos en las fosas, puntualizó. Además, distinguió que dentro de las peticiones de los familiares de los desaparecidos, hay quienes piden exhumar los cuerpos y otros sólo un memorial y saber donde están, "tener la certeza de que allí yacen los suyos cuando va a llevar flores".

Según Peinado, "la Transición perdonó a los verdugos pero eso no quiere decir que tengamos que conformarnos con el olvido de los justos", sentenció.

Así, reclamaron a las fuerzas políticas parlamentarias que soliciten la comparecencia del Fiscal General del Estado para responder por la políticamente por la actuación del Fiscal de la Audiencia Nacional, al tiempo que instaron a la Generalitat valenciana a realizar un mapa de fosas comunes de la Comunitat, tal y como se hace en otras autonomías.