La Audiencia de Madrid aplaza por tercera vez el juicio a dos traductores de la Policía en el que testificaba Villarejo

Uno de los acusados ha tenido que cambiar de abogado por "motivos médicos"

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado aplazar por tercera vez el juicio a dos traductores de la Policía acusados de extorsionar a un empresario --también investigado-- en el que estaba previsto que declarase como testigo el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El tribunal ha aceptado suspender la vista de este lunes toda vez que uno de los traductores procesados tuvo que cambiar de abogado en la última semana.

Es la tercera vez que se fija fecha para este juicio que, en principio, iba a tener lugar en septiembre de 2020. En aquella ocasión, se aplazó porque uno de los acusados cambió de abogado. La segunda vez se suspendió a los 40 minutos de haber empezado, porque las defensas alegaron que no se les había notificado durante la investigación una de las pruebas que la Fiscalía pretendía usar en el juicio.

Esta vez el juicio se ha aplazado porque el abogado de uno de los traductores "ha sido dado de baja por motivos médicos". Desde el tribunal no han fijado cuándo podría celebrarse la sesión que debía haber tenido lugar este lunes.

Así las cosas, la causa que se centra en los traductores Alí Shan e Ijaz Ahmad tendrá que esperar, de nuevo, para llegar a juicio. Ambos acusados fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

El empresario Harischandra Tarachand Varma, uno de los investigados en dicho procedimiento y a quien se le habían intervenido varias conversaciones, denunció en abril de 2014 ante Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionando. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, le ofrecieron datos de la causa a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando y le amenazaron con "influir en su contra" si no accedía.

CAMBIO DE ABOGADO

Este lunes, al inicio de la sesión, el abogado de Ijaz Ahmad --uno de los traductores acusados-- ha utilizado su turno de palabra para pedir al tribunal que suspendiera la vista porque hace una semana que recibió la causa para reemplazar al abogado que llevaba el caso y no ha podido tomar conocimiento del procedimiento.

"Solicito la suspensión sin que pueda entenderse como una dilación imputable al acusado", ha dicho el letrado sin precisar los motivos por lo que se ha producido el cambio de abogados. Los magistrados de la Sección Quinta han precisado que el letrado anterior "ha sido dado de baja por motivos médicos".

Así, el resto de defensas y la propia Fiscalía han intervenido para dejar constancia de que no se oponían a la petición de suspender la vista. El tribunal, "para no vulnerar el derecho de defensa", ha concluido que "es imposible que el juicio tenga lugar en las fechas provistas".

Al margen, antes de que se suspendiera la vista, una de las defensas ha aprovechado para avisar al tribunal de que uno de los audios que la Fiscalía pretende usar como prueba en el juicio "no se pueden escuchar", por lo que ha pedido que se subsane la situación de cara a la nueva fecha que se fije para retomar las sesiones.

Los audios a los que ha hecho referencia la defensa fueron la razón por la que se suspendió el juicio en septiembre de 2021. El Ministerio Público había pedido interrogar a los acusados con las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas que constan en la causa en lugar de escuchar los audios durante la sesión. Las defensas, sin embargo, avisaron de que no habían recibido notificación alguna ni de los audios ni de las transcripciones.

Ante la advertencia hecha este lunes, el tribunal ha solicitado a la Fiscalía que aporte una copia de los audios en cuestión para las defensas.

HASTA OCHO AÑOS DE PRISIÓN

Esta causa llega a juicio después de que el empresario Harischandra Tarachand Varma formalizara la denuncia ante los juzgados de Madrid en agosto de 2014. Según Anticorrupción, sin embargo, lo hizo "a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad" porque "no era víctima de delito alguno", ya que se habría acabado beneficiando de la información proporcionada por los dos traductores, incluso llegando a exigirles un flujo continuo de datos.

Por todo ello, los fiscales piden para los tres acusados más de ocho años de prisión por delitos de revelación de secretos, extorsión, más cohecho para los traductores y simulación de delito para el empresario. Además, han pedido el archivo de las actuaciones para un cuarto investigado, a quien llama a declarar como testigo para que relate su conocimiento de los hechos.

Para este juicio, el Ministerio Público ha solicitado la declaración de seis policías, entre ellos Villarejo, el inspector Andrés Gómez Gordo y el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, todos han estado investigados en el contexto de la macrocausa 'Tándem' sobre los negocios del comisario jubilado.