La Audiencia Nacional confirma que no es competente para investigar al excuñado de Rato por delitos fiscales

Gadea acordó inhibirse en favor de los juzgados madrileños en contra del criterio de Fiscalía

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del magistrado Joaquín Gadea de inhibirse en favor de los juzgados madrileños en la causa abierta contra el excuñado de Rodrigo Rato --quien fuera ministro de Economía en la etapa de José María Aznar como presidente--, Santiago Alarcó Canosa, por la presunta ocultación al fisco español de una fortuna.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal acoge el criterio del juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que defendía que Alarcó Canosa tenía residencia en España, concretamente en Madrid, entre 2009 y 2015, y que aunque los fondos sospechosos provinieran del extranjero, "la obligación tributaria se generó en España y de existir obligación de pago ésta se consumaría en España, donde el investigado tiene residencia fiscal".

Gadea también apoyaba su decisión de inhibirse en los juzgados de Madrid en que en el posible delito de blanqueo, que era consecuencia del delito fiscal, no apreciaba una conexión con la competencia de la Audiencia Nacional ya que lo que lo generaba "es el fraude a la Hacienda Pública que se consuma en España".

Cabe recordar que Gadea acordó en abril de este año incoar diligencias previas al considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción contra Alarcó presentaban características que hacían presumir la posible existencia de una infracción penal.

El Ministerio Público presentó ante este juzgado una denuncia contra Alarcó por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. En la misma, daba cuenta del entramado financiero internacional por medio del cual habría ocultado al fisco español una fortuna millonaria.

Anticorrupción puso el foco concretamente en los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, y consideraba que podría haber defraudado a Hacienda cerca de 2 millones de euros.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indicaron que si bien un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa arrojaba que durante 2011 y 2012 las sumas defraudadas serían de alrededor de 300.000 y 200.000 respectivamente, esos años no eran objeto de acusación por parte de esta Fiscalía porque el delito estaría prescrito.

Así, sobre la mesa del juez Gadea, Anticorrupción puso el posible fraude de 2013, que ascendería a 1.767.000 euros, y el de 2014, que sería de 212.000 euros, lo que sumaría esos cerca de 2 millones de euros.

LA OCULTACIÓN DEL DINERO

Esta investigación de la Fiscalía, que avanzó 'El Confidencial' y que confirmó Europa Press en fuentes jurídicas, daría cuenta del objetivo de esa ocultación de dinero: evitar tener que hacer frente al pago de las fianzas dictadas por los tribunales y los posibles embargos derivados.

Según detallaba este digital, el Ministerio Público encontró cuentas en varios paraísos fiscales cuyos fondos tenían procedencia de origen desconocido y además localizó una transferencia de 250.000 euros con destino a una sociedad instrumental irlandesa que está vinculada a Rato.

Se da la circunstancia de que en junio de 2021, el juez que instruyó la causa relativa al presunto origen ilícito del patrimonio del exministro Rato emitió un auto de apertura de juicio oral en el que ya imputaba a Alarcó Canosa el delito de blanqueo de capitales y le imponía una fianza de 27,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele.

Ya entonces, se le advertía de que de no prestar esa fianza se procedería al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

En su escrito de acusación del 'caso Rato', la Fiscalía destacaba que el excuñado tuvo un papel relevante en la operativa, y fue el encargado de crear cuentas en el extranjero y de manejar las estructuras societarias.