La Audiencia Nacional corrige al juez Pedraz y le ordena dictar una orden de detención contra el hijo de Obiang

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha corregido al juez Santiago Pedraz y ordenado que dicte orden de detención contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos de Teodoro Obiang e investigado por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

En un auto, de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ordena también a Pedraz dictar órdenes internacionales de detención contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema Ondo.

La Sección Segunda estima el recurso presentado por el MLGE3R, al que se sumaron las familias de las víctimas, contra la resolución del juez instructor en la que denegó las órdenes de detención.

Frente a la alegada falta de jurisdicción de España para la investigación de los hechos, los magistrados corrigen al instructor al entender que en el momento en que adoptó su decisión "no existía conflicto alguno de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia" por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Añaden que en ninguna de las resoluciones dictadas por Pedraz expone "ningún motivo que justifique de forma razonada" por qué "decide no librar las órdenes de busca y captura" que reclaman las acusaciones, es decir, la Fiscalía, el MLGE3R y familiares de las víctimas.

Subrayan además que resulta "evidente" que los querellados están "en situación de rebeldía", al haber desoído los llamamientos de comparecencia del juez instructor para prestar declaración como investigados y "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".

A su juicio, en la investigación hay datos suficientes sobre la posible implicación de los investigados, según las diligencias policiales y los seguimientos sobre ellos.

La Sala sostiene que la presencia de los investigados en España "ha quedado constatada, así como la posible relación con la agencia de detectives implicada en los seguimientos realizados a quienes, a la postre, resultaron ser víctimas de los hechos, "graves", además de que se investigan transferencias de importantes cantidades de dinero en entidades bancarias españolas que podrían tener relación.

A partir de todo el material analizado, los magistrados concluyen que existen indicios para acordar tomarles declaración de las personas investigadas, que es lo que inicialmente se acordó por el instructor y que no se ha podido practicar ante la actitud de los investigados de obstaculizar.

Con todo, los magistrados explican que con su auto no resuelven la cuestión relativa a la competencia que finalmente pueda discutirse por las autoridades de Guinea Ecuatorial, sino si en el estado actual del procedimiento es procedente dictar las órdenes de busca y captura que han solicitado las acusaciones pública y privada.