MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la prórroga de la instrucción de la pieza separada 8 de 'Púnica', centrada en la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad Madrid, que acordó el juez Manuel García-Castellón el pasado mes de julio, dando así por "finiquitada" la investigación de la misma.
En un auto del 5 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta estima el recurso de apelación presentado por el empresario César Sánchez García, uno de los investigados en esta pieza 8, contra la resolución del 29 de julio por la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 extendió las pesquisas seis meses, hasta el próximo 29 de enero.
Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel entienden que "la instrucción se ha de dar por finiquitada", sin perjuicio de que se incluyan en ella las diligencias acordadas hasta el 29 de julio.
El tribunal argumenta que ya se apuntaba a "la práctica finalización" de las pesquisas cuando se dilataron los plazos por la reforma operada en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Asimismo, señala "la insuficiente argumentación" del auto impugnado para justificar otros seis meses de investigación, reprochando al instructor que se limitara a recordar que "se han de completar, concluir y confeccionar diligencias que no están culminadas".
Recrimina igualmente al juez que aludiera a "posibles circunstancias sobrevenidas", así como a la posible práctica de nuevas diligencias, un razonamiento que la Sala tacha de "futurible". Con estos argumentos "sería harto difícil dar por concluida la instrucción en momento alguno", recalca en un auto avanzado por El Español.
García-Castellón decidió darse seis meses más para indagar en esta pieza 8 al apreciar, en línea con el Ministerio Fiscal, que había diligencias pendientes que podían conducir a la práctica de otras nuevas.
En concreto, recordó que entonces faltaba por completarse el trabajo de los peritos del Ministerio de Fomento y de la Agencia Tributaria, así como el informe pericial sobre la adjudicación y las incidencias en la ejecución del contrato para la construcción del Centro Cultural de Bustarviejo, y el expurgo de los datos e informaciones relativas al empresario Javier López Madrid, investigado en esta pieza separada.