La Audiencia Nacional estudia mañana la extradición a EEUU del hacker ruso que desarrolló un 'troyano bancario'

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra mañana la vista de extradición del hacker ruso Stanislav Lisov, detenido el pasado día 13 enero en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), investigado por el FBI estadounidense desde 2014 por desarrollar, distribuir y utilizar, junto a otras personas, el software malicioso 'NeverQuest', un 'troyano bancario' que sirve para robar online información de clientes bancarios.

Tras su detención, la juez instructora Carmen Lamela decretó su ingreso en prisión incondicional tras tomarle declaración por videoconferencia sobre la presunta comisión de dos delitos de asociación ilícita por los que es reclamado por EE.UU. y que tienen que ver con fraudes con dispositivos electrónicos y ordenadores.

La detención se produjo cuando Lisov se disponía a coger un vuelo hacia un destino fuera de España junto a su esposa en el aeropuerto barcelonés, a instancias de una orden del FBI a través de Interpol.

Lisov estaba considerado un operador importante de 'NeverQuest', por encargarse, entre otras cosas, de la creación y administración de una red de ordenadores infectados con este 'troyano' mediante el arrendamiento y adquisición de servidores de ordenadores utilizados para administrar dicha red.

BASES DE DATOS CON LISTAS DE INFORMACIÓN DE CUENTAS

La Guardia Civil informó que una investigación de los servidores operados por Lisov en Francia y Alemania reveló bases de datos con listas robadas de información de cuentas de instituciones financieras, con datos que indican, entre otras cosas, los saldos de las cuentas.

Uno de los servidores alquilados por Lisov contenía archivos con millones de credenciales de datos de acceso, incluidos los nombres de los usuarios, contraseñas y preguntas y respuestas de seguridad, para cuentas de sitios web bancarios y financieros.

La utilización del software malicioso ha supuesto pérdidas financieras y de fondos transferidos sin autorización desde cuentas de victimas, por importe aproximado a los cinco millones de dólares.