La Audiencia Nacional investigará al embajador en Kabul por el atentado en el que murieron dos policías

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, por delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa, por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.

El magistrado ha aceptado investigar la denuncia presentada por los familiares de los agentes destinados en la sede diplomática, e investigará también al segundo máximo responsable de la legación, Oriol Solá.

Acuerda notificar la resolución a la Abogacía del Estado, en nombre de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, por si desean personarse en la causa y advierte que de la nueva causa puede derivarse responsabilidad civil, tal y como reclaman los afectados.

La querella aceptada acusa a Pérez de Agreda de no atender "nunca" las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la Embajada, que se remontan al inicio de su construcción, en el año 2008.

Los denunciantes aseguran que las deficiencias se comunicaron también a Exteriores y que la mañana del día en que se produjo el atentado se alertó, por los servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. "Esto debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas" que hubieran evitado la explosión de un coche bomba en los muros de la legación, dicen los familiares.

FUERA DEL PERÍMETRO DE SEGURIDAD

Las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encuentra, añade la querella que destaca que la sede diplomática está, además, situada fuera del perímetro de seguridad, en un barrio "rodeado de casas de militares y de señores de la guerra".

El domicilio del embajador --que estaba de vacaciones el día que se produjo el atentado-- sí se encuentra, no obstante, en la conocida como 'zona verde'. Pérez de Agreda mantuvo, a pesar de ello, un "mutismo absoluto" sobre estos problemas y "ponía en constante riesgo" a los ocupantes del edificio al permitir "el trasiego de mercaderes" que paseaban por la legación ofreciendo productos como joyas y alfombras, dicen los familiares.

La querella también precisa que el día del atentado, tres talibanes se colaron por el hueco provocado por la explosión del coche-bomba y empezaron a disparar contra los que se encontraban en el interior, alcanzando a los policías Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, que murieron junto a 10 afganos miembros del personal de seguridad.

Además, otros siete agentes resultaron heridos en las horas que siguieron, hasta que los terroristas fueron abatidos al amanecer por fuerzas norteamericanas.

El juez Pedraz considera que los hechos tienen apariencia "de infracción penal" y agrega que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos al tratarse de un delito cometido por españoles fuera del territorio nacional y por funcionarios públicos residentes fuera de España. Además de aceptar la competencia, el magistrado incorpora las diligencias que hasta la fecha tenía abiertas la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ya investigaba el atentado.