La Audiencia Nacional juzgará la financiación ilegal del PP valenciano a partir del próximo 13 de marzo

El Juzgado Central de lo Penal rechaza las declaraciones como testigos de Rajoy y Cospedal al ser "impertinente e inútil"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha fijado para el 13 de marzo de 2017 el comienzo del juicio de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008 en el marco del 'caso Gürtel'. En concreto, se juzgarán las piezas 1 y 2 relativas a un presunto delito electoral en las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la comunidad, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008; y la pieza 6, que se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

En un decreto de la secretaria judicial se prevé que el juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), se realice en 21 sesiones y se prolongará hasta el próximo 12 de mayo. En febrero de 2016, De la Mata abrió juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Por otra parte el Juzgado Central de lo Penal ha dictado un auto aclaratorio en el que concreta que rechaza la toma de declaración como testigos al presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por considerarlo "impertinente e inútil". "Teniendo en cuenta los hechos por los que se procede, no resultan necesarios, pertinentes ni útiles para el esclarecimiento de estos", precisa.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

ANTICORRUPCIÓN PIDE SIETE AÑOS DE PRISIÓN PARA COSTA, RAMBLA Y SERRA

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra; y su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--; y José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.

GASTOS SIN TRIBUTAR NI CONTABILIZAR

De la Mata explicó en su auto que Correa dirigía un holding empresarial que organizaba eventos para los 'populares', que tenía sociedades vinculadas como Down Town Consulting (DTC) y su sucesora, Easy Concept; Booomerangdrive; Tecnology Consulting Management; Rialgreen/Trece; Good and Better; Diseño Asimétrico; Servimadrid; y Orange Market.

Crespo y Luis de Miguel Pérez constituyeron esta última mercantil en 2003 en Valencia por las "buenas perspectivas de negocio" que tenían dadas las "buenas relaciones" que ambos junto con Correa y el contable Cándido Herrero tenían con los "responsables políticos" del PPCV. Sus actividades comenzaron en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio.

En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".

EL DINERO B LO LLAMABAN "BARCELONA"

En algunas conversaciones y documentos el dinero oficial era denominado Alicante, y el dinero en B se llamaba Barcelona y engrosaría la 'caja B' de Orange Market y el grupo. La empresa hacía declaraciones "mendaces" ante la Hacienda Pública. Parte de esos gastos e ingresos de naturaleza electoral no eran incluidos en las cuentas entregadas al Tribunal de Cuentas.

Al mismo tiempo, se producían unos ingresos indirectos en la formación política mediante la disminución del "débito" que mantenía la formación con Orange Market a través de pagos que "diversas sociedades realizaban a dicha empresa y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios".

El juez recordó que los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral admitida legalmente en el desarrollo de las campañas y que abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos empresariales que lo tenían prohibido por tener contratos con la Administración Pública, por lo que "no podían hacer donaciones al PP".

Tanto en las elecciones de 2007 como en las 2008, los acusados integrados en el PPCV "contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad.