La Audiencia Nacional ordena a Marlaska reabrir la investigación sobre la contratación del Yak-42

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por los familiares de los soldados fallecidos en el accidente del Yakolev-42 --al que se adhirió también la Fiscalía-- contra el archivo de la causa relativa a la contratación del aparato siniestrado en Turquía en mayo de 2003 acabando con la vida de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán . Esto supone que el juez Fernando Grande-Marlaska se verá obligado a reabrir la citada investigación después de que el pasado mes de junio el propio magistrado ordenase el sobreseimiento libre de la causa.

A través de un auto dictado hoy, la Sala estima que deben aceptarse los recursos de los familiares y "es preciso, por tanto, instruir las oportunas diligencias penales competencia por esta Audiencia Nacional para depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España en las etapas de contratación y desarrollo del vuelo del Yak-42 que resultó accidentado".

"De mantenerse las resoluciones recurridas se produciría una evidente indefensión para las familias de los militares fallecidos y cercenaría el principio de tutela judicial efectiva", añade el auto, que rectifica las decisiones del juez Grande-Marlaska alegando que "si bien en este momento no procede entrar a conocer del fondo de la causa, ya que eso será competencia del Tribunal pertinente, sí que procede apreciar el error padecido por la resolución recurrida".

En este sentido, la Audiencia Nacional concluye que "la decisión de sobreseer libremente la causa carece de motivo válido y viene a transgredir el principio de tutela judicial efectiva" y añade que el juez "se precipitó, con las nefastas consecuencias que hubieran tenido para la causa de no haberse interpuesto los preceptivos recursos". "Las familias de los militares fallecidos en dicho accidente aéreo merecen un acto de justicia con investigación total que pueda esclarecer las eventuales responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido las particpantes en dicho evento", sentencia la Sala.

CAMBIO DE LA FISCALÍA

El pasado 8 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó que se reabriese la investigación sobre la contratación del Yakolev 42 durante una vista celebrada en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, donde se estudió el recurso presentado por los familiares de las víctimas en contra del archivo del juez Fernando Grande-Marlaska. Fue el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien ese día ejerció la representación del Ministerio Público y explicó "el cambio de postura" de la Fiscalía -que inicialmente defendió el archivo de la causa- alegando que la decisión de Grande-Marlaska fue "contradictoria", "procesalmente errónea" y "no respetaba el derecho a la tutela judical efectiva al cercenar la investigación".

Hasta ese momento, el Ministerio Público no había apoyado la pretensión de las familias porque estimaba que no existían indicios suficientes para acusar a los responsables del Ministerio de Defensa de un delito de imprudencia en la contratación del avión siniestrado. El titular del Ministerio era en el momento del accidente el 'popular' Federico Trillo.

En su auto de archivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 señalaba que ningún funcionario de Defensa tenía la obligación de verificar si el avión se encontraba en perfecto estado de mantenimiento y que "ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada". Añadía que tampoco le correspondía al Gobierno comprobar si la tripulación contaba con las necesarias licencias, si recibían cursos de formación "y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso", puesto que estas cuestiones eran obligación de la empresa contratista.

Contra esta decisión se manifestaron de nuevo en la vista del dia 8 los abogados de los familiares de las víctimas que ejercen la acusación particular. Todos ellos coincidieron en sus argumentos y, al igual que el fiscal, rechazaron la versión ofrecida por el juez sobre el buen funcionamiento del aparato siniestrado. Uno de los abogados recordó algunas de las "numerosas carencias técnicas del avión, que tenía la caja negra averiada desde hacía 45 días, que no contaban con los permisos necesarios para aterrizar en Afganistán y que uno de los pilotos carecía de licencia de vuelo".