La Audiencia Nacional procesa a una célula yihadista a la que se le encargó 10 toneladas de uniformes militares

Traficaron hasta con obras de arte y blanquearon los ingresos multimillonarios obtenidos a través del sistema 'Hawala'

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado a siete presuntos yihadistas como miembros de un grupo organizado en España que enviaban material de guerra, dinero y componentes de explosivos a Siria e Irak por encargos del DAESH, que les llegó a pedir diez toneladas de uniformes militares.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación y enaltecimiento de organizaciones terroristas, blanqueo de capitales, delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado, falsedad en documentos mercantiles y tenencia ilícita de armas.

Se trata de la primera vez en la que un auto sobre delitos de terrorismo yihadista incluye el tipo penal de delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado. En concreto, el magistrado considera que una de las vías de financiación del terrorismo utilizadas por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas "probablemente extraídas de los museos y yacimientos arqueológicos conquistados por DAESH y Jabhat al Nusra" en Siria e Irak.

Ammar Termanini, jefe de la célula yihadista, y otros cuatro miembros de la misma fueron enviados a prisión en febrero del año pasado. El jefe de la red, "de extrema ideología yihadista" creó un complejo empresarial que le permitía realizar envíos de materiales en contenedores cerrados y en naves de su propiedad se incautaron miles de prendas militares preparadas para el envío a Siria, así como "20.000 uniformes militares" en un contenedor marítimo en el Puerto de Valencia.

Los procesados recurrían al sistema conocido como 'Hawala' (transferencia en árabe) y por el cual mandaban dinero a estos países árabes sorteando la normativa legal y constituyendo una forma de blanqueo de capitales. La investigación ha constatado además un gran incremento del patrimonio, que en el caso de uno de ellos, ingresó en efectivo más de 10 millones de euros en tres años.

ENCARGO DE MUJERES

Al respecto, el magistrado procesa también como personas jurídicas a las 4 mercantiles con las que operaba el grupo, al cual también se le encargó una cantidad importante de abono de urea, yodos, fosfatos que por su cuantía y destino al norte de Siria, "hace pensar que serán utilizados como precursores para la fabricación de explosivos".

Algunos encargos fueron realizados por un primo de Termanini puesto que pidió también que buscara mujeres para casarse en Siria, en la línea de las prácticas del Estado Islámico (EI) de reclutar a mujeres musulmanas que han de trasladarse a vivir a los territorios controlados por ellos para casarse con los terroristas que combaten en la zona.

Según el auto, el cabecilla, de nacionalidad siria y holandesa, dijo que tenía contactos y recursos necesarios para que "pisen el cuello" a la familia de su exmujer, dando a entender las buenas relaciones que mantiene con el grupo terrorista Frente al Nusra (ahora Jabhat Faté al Sham). Además, remitía todo el material militar desde puertos marítimos en Turquía falseando todos los documentos oficiales para encubrir la operativa.

CAPTACIÓN DE CLIENTES

Al resto de los procesados se les acusa de ayudar a Termanini a introducir los fondos procedentes de la venta de mercancías a organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria mediante la recepción de los mismos "en negro" así como intermediar con clientes para buscar financiación. Integran la célula dos sirios, dos marroquíes, un jordano y un español.

El magistrado acuerda mantener la prisión provisional para los procesados ante riesgo de fuga y para garantizar su presencia en el juicio. Además les impone una fianza individual de 60.000 euros a todos ellos que deberán comparecer el 14 de febrero para comunicarles este auto, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.