La Audiencia Nacional rechaza la recusación presentada por Alay, mano derecha de Puigdemont, contra el juez de Tsunami

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius ha acordado el archivo definitivo del incidente de recusación contra el juez instructor de la causa de Tsunami Democrtic, Manuel García Castellón, presentada por el investigado Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont.

En una providencia fechada este lunes, recogida por Europa Press, la magistrada señala que concurre la inadmisión de la recusación y su archivo definitivo al no haberse subsanado el defecto formal apreciado en los escritos de los pasados 12 y 19 de diciembre y haber transcurrido un tiempo superior al fijado en el artículo 223.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Advierte de que contra esta resolución no cabe recurso.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional reafirma lo que ya mantuvo a finales de diciembre de 2023, y es que existían esos defectos formales en el escrito de recusación de Alay, que fue planteado en el marco de la investigación de 'Tsunami', en la que se aborda el papel de la plataforma en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019.

En esa ocasión, la Sala explicaba que "el escrito de recusación presentado en relación con una causa o procedimiento penal, debe necesariamente, por exigencia legal, para poder ser admitido, venir firmado por letrado y por procurador". "Y en concreto, en este caso, por el que corresponda de los que figuran en el poder especial acompañado con el escrito de recusación", añadía.

LAS MANIFESTACIONES EN EL FORO DE OURENSE

Cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre cuando Alay recusó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por unas manifestaciones que realizó en el Foro La Región de Ourense en alusión a la amnistía.

"Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas. Uno: que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo por lo tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?", espetó el magistrado en ese foro.

El abogado de Alay recordaba en la recusación que esa ley de amnistía, "llegado el caso, podrá ser de aplicación al procedimiento que el magistrado viene instruyendo por espacio de cuatro años y que, a la vista de sus manifestaciones, rechaza de plano".

"Rechazo que, evidentemente, apunta al interés del magistrado por el presente procedimiento y su terminación hasta el punto de llegar a comparar una futura ley de amnistía con la esclavitud. Pero, es más, el propio magistrado es conocedor de que no puede pronunciarse sobre este asunto", aseguraba.

PENDIENTE DEL RECURSO DE FISCALÍA

A este incidente se suma otro asunto del que las partes personadas en el caso también están pendientes: el recurso de apelación presentado por el fiscal del caso que no considera que los indicios sean suficientes como para dirigir la investigación contra el propio Puigdemont.

Fue el pasado 12 de diciembre cuando trascendió que por fin el juzgado que investiga a Tsunami Democrtic elevaba a la Sala de lo Penal ese recurso. Lo hacía después de que el pasado 30 de noviembre el fiscal Miguel Ángel Carballo dirigiera un escrito al titular del juzgado para recordarle que "ya debería de haber elevado a la Sala" el recurso que fue interpuesto el pasado 10 de noviembre.

El Ministerio Público instaba expresamente" al magistrado a dar trámite al mismo sin que se establecieran "más dilaciones". "Las cuáles, de persistir, serían puestas en conocimiento de la Sala, único cauce que restaría a este Ministerio para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva en vía de recurso", advertía en un escrito al que también tuvo acceso esta agencia de noticias.

El recurso del fiscal llegaba después de que el instructor pidiera al Tribunal Supremo que investigara a Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por un delito de terrorismo.

En ese escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón señalaba que existían "indicios de la participación en la comisión" de hechos por parte de todos ellos "susceptibles de integrar un delito de terrorismo".