MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado personarse como acusación en la parte del 'caso Mediador' que ha sido asumida por la Fiscalía Europea, y que es la relativa a cuatro contratos del Proyecto GAR-SI Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), del que el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, era máximo responsable.
Así queda reflejado en un escrito de la representación legal de la AUGC, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indican que dado que ya están personados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, donde se lleva el resto de la causa, ahora interesan lo propio en esta ramificación que la Fiscalía Europea asumió la semana pasada.
Defienden su presencia en esta investigación señalando que como asociación están llamados "a realizar actividades sociales que favorezcan la eficiencia del en el ejercicio de la profesión y la deontología profesional de sus miembros". "La lucha contra toda corrupción que pueda producirse por quienes tienen relación o pertenecen a la Guardia Civil es un valor que no es ajeno a la actividad de las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil", inciden.
Refuerzan este argumento señalando que el caso de Espinosa está teniendo una incidencia tal que hasta "ha dado lugar a que se haya tenido que abordar la situación de corrupción en el Consejo de la Guardia Civil, órgano en el que están representadas y participan las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil".
Y señalan que la relación directa de los contratos que son el objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea y que se refieren al Proyecto GAR-SI Sahel --"que garantiza la estabilidad y la lucha contra el terrorismo y el crimen organización en el Sahel"-- y el general investigado, como líder del proyecto, llevan a una "afectación de la imagen del Cuerpo, de los valores y principios éticos y de gobernanza del mismo y de las mujeres y hombres que lo integran".
Así, entienden que los miembros de la Benemérita "se han visto perjudicados por estos hechos, se han visto afectados por la comisión del delito investigado".
Al hilo, señala que las consecuencias de esos "hechos presuntos que son objeto de investigación alcanzan a la situación de los miembros de las Guardia Civil que han participado y participan en la puesta en marcha del citado proyecto europeo, en tanto en cuanto eran los que, en el terreno, debían materializar las acciones previstas en el proyecto y contratos, en condiciones de vida y trabajo sometidas a riesgos reales".
"Precisamente, por todo lo que acabamos de decir y justificar, consideramos que existe reconocimiento legal de la legitimación para la defensa de los intereses, a los que ya hemos hecho cumplida referencia, que sin duda se han visto afectados por la comisión del delito investigado", señalan, para insistir en que debe ser admitida su personación ante el órgano europeo.
LOS CONTRATOS VINCULADOS A ESPINOSA
Fue el pasado 18 de abril cuando trascendió que la Fiscalía Europea centrará su investigación sobre Espinosa --el único investigado de 'Mediador' que permanece en prisión preventiva-- en cuatro contratos por importe conjunto de 263.093,39 euros que podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega de "dádivas, regalos o pagos" al exagente cuando era responsable del Proyecto GAR-SI Sahel.
Así constaba en el auto por el que la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres, a cargo de la investigación de la presunta trama corrupta liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo --alias 'Tito Berni'--, acordaba enviar la parte de las pesquisas relativas a los contratos vinculados al proyecto de la UE a la Fiscalía Europea después de que ésta reclamara su competencia.
En la resolución, recogida por Europa Press, la juez precisaba que se trata de cuatro proyectos: uno por valor de 30.991,74 euros; otro por 43.801,65 euros; un tercero por 14.000 euros; y un cuarto por 174.400 euros.
Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el empresario José Antonio Suárez --conocido como 'El Drones'-- se habría hecho con hasta tres contratos de suministro de equipamiento para GARSI-Sahel: Uno de 2020 para Mauritania y Níger, y otro de 2021 para Malí. El general Espinosa, sin embargo, negó ante la juez instructora que favoreciera a Suárez para que lograra dichos contratos con los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (GARSI-Sahel).
En el auto en el que la magistrada remitió las actuaciones a la Fiscalía Europea, la titular del Juzgado subrayó que, "según las investigaciones, esos proyectos podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega por el empresario beneficiado --en referencia a José Antonio Suárez-- de dádivas, regalos o pagos al General de Brigada de la Guardia Civil , Francisco Espinosa Navas, en su condición de responsable director del Proyecto GAR-SI Sahel (...), que tiene como objetivo contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto en los países del Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad) como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas", señaló la titular del Juzgado.
La juez instructora adoptó la decisión de remitir la causa a la Fiscalía Europea después de que el órgano comunitario enviara al Juzgado un decreto en el que se reconoció competente para llevar el asunto, toda vez que el pasado 22 de marzo la magistrada le enviara las diligencias practicadas hasta la fecha en el 'caso Mediador' para que determinase si entre los hechos que investigaba había alguno de su competencia.
EL CASO MEDIADOR SIGUE EN CANARIAS
Salvo esta parte, el juzgado canario seguirá investigando esta presunta trama encabezada por Fuentes Curbelo; su sobrino Taishet Fuentes -ex director de Ganadería de Canarias--; el general Espinosa; y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el 'mediador'.
De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".
Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".