MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido este martes en una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que la colaboración con la Justicia sea un "requisito legal" para la progresión de grado de los presos de ETA. También ha rechazado los acercamientos y la consiguiente "derogación de facto de la política de dispersión".
En una reunión solicitada desde hace semanas, la AVT ha planteado a Ortiz su rechazo frontal a la política con los presos de ETA del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. El responsable de Prisiones ha defendido, según la asociación, que no existe una estrategia general y que se toman decisiones analizando "caso a caso conforme a la legalidad penitenciaria".
La AVT ha pedido a Ortiz que "neutralice la estrategia del entorno de ETA de vender estas decisiones como una victoria", mostrando su preocupación por que el traslado de etarras sea "el paso previo para el tercer grado que abre la puerta para la libertad condicional".
Según la AVT, que cifra en 68 los presos de ETA que han sido acercados a cárceles del País Vasco y Navarra con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este tiempo se han concedido ya nueve terceros grados y cuatro libertades condicionales. En este sentido, han recordado que los presos etarras --unos 200 en la actualidad-- suelen "asumir la legalidad penitenciaria como método de lucha para vaciar las cárceles".
La AVT también se ha quejado de que, de acuerdo con el compromiso asumido por Grande-Marlaska, se les informe de los traslados pero "sin la antelación necesaria" puesto que la prensa recibe la información al mismo tiempo.
La asociación también se ha reunido con el nuevo presidente de la Fundación de Víctimas, Tomás Caballero, a quien han mostrado su preocupación por el "hasta ahora mal funcionamiento" de dicha fundación, así como de "cuestiones técnicas". Caballero sustituyó el pasado verano a la diputada del PP Marimar Blanco como presidente de la Fundación.