FERROL 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Ares se personará en la causa judicial abierta contra el ex alcalde José Manuel Cendán (PP), imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, por la urbanización 'Las Anclas', situada a la entrada del municipio, en la que se prevé la construcción de casi un centenar de viviendas.
El regidor del municipio, el socialista Julio Iglesias Redondo, explicó que no se descarta que el ayuntamiento se persone después como acusación particular, en una actuación "por el ámbito penal" derivada de una urbanización en la que se ya se produjeron diversas irregularidades administrativas.
En dos ocasiones el actual Gobierno local ya ordenó la paralización de las obras, debido a que no se correspondían con la licencia otorgada durante la pasada legislatura.
El procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ferrol se deriva de la denuncia presentada por un vecino, con una propiedad colindante al lugar en el que se construye la urbanización, en la que se ponían de manifiesto supuestas irregularidades en las obras.
Julio Iglesias añadió que el Gobierno local no conoce de momento el procedimiento judicial, pero que tratará de personarse porque "el presunto delito contra la ordenación del territorio puede afectar a los servicios técnicos municipales, o a la anterior corporación".
La supuesta irregularidad se podría haber producido cuando el pasado gobierno local, presidido por José Manuel Cendán (PP), votó a favor de un estudio de detalle del proyecto de urbanización, a pesar de que el secretario había emitido un informe jurídico desfavorable y recomendado que se solicitase un plan especial para la urbanización.
"Adoptar esa decisión a sabiendas, a pesar del informe de la secretaría, que dice por escrito que ese no es el procedimiento adecuado, es lo que deriva en la causa penal", explicó Iglesias.
El ex regidor José Manuel Cendán rechazó de momento hacer valoraciones, ya que considera que se trata de una "manipulación" política en plena campaña electoral. Afirmó "tener la conciencia tranquila" y aseguró que las licencias concedidas durante su mandato siempre se ajustaron a la legalidad. Está citado a declarar a finales de marzo.