Belarra desvela que el Gobierno negocia un cheque ayuda a la cesta de la compra de unos 300 euros

La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos (CCE), en la sede del partido, a 17 de diciembre de 2022, en Madrid (España).
La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos (CCE), en la sede del partido, a 17 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press
Publicado: sábado, 17 diciembre 2022 14:10

Pide un impuesto a grandes supermercados, prorrogar el tope al gas de 40 euros y culpa al PSOE de que la ley de animales "penda de un hilo"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que su espacio negocia con el PSOE, dentro de la prórroga del decreto de medidas anticrisis, de un cheque ayuda de alrededor de 300 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra, que beneficiará alrededor de ocho millones de personas.

También ha manifestado su "preocupación" con la actitud del PSOE, que continúa "bloqueando" leyes clave del espacio, como ocurrió con la Ley Trans, la de vivienda, la derogación de la Ley 'Mordaza' y en la actual tramitación de la norma de Bienestar Animal, que "pende de un hilo" en el Congreso por culpa de la enmienda de su socio para excluir a los perros de caza.

Durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, celebrado este sábado, Belarra ha explicado que tienen como Gobierno que tomar "una de las decisiones clave" de la legislatura, como es la prórroga de las políticas de "escudo social" frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Par la también ministra de Derechos Sociales, ha quedado demostrado que las dos medidas anticrisis principales que propuso Podemos, el tope al gas y la rebaja al transporte público, han resultado ser un "rotundo éxito".

SOLICITA PRORROGAR EL TOPE AL GAS EN 40 EUROS LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

"La intervención pública en sectores estratégicos como la energía y el transporte funciona y debemos insistir. Por eso hemos propuesto al PSOE que mantengamos el tope al gas en 40 euros también los próximos seis meses y también que aumentemos al 50% la financiación estatal al transporte urbano", ha detallado.

Pero además ha remarcado que es "absolutamente imprescindible intervenir" en dos de los principales gastos de las familias españolas: la vivienda y la cesta de la compra. Y en esa línea demandan a su socio congelar los precios del alquiler, como hicieron en pandemia logrando que las rentas bajaron en España un 4,5%, junto la congelación de las cuotas de las hipotecas de tipo variable que "están sufriendo subidas inasumibles cientos de euros al mes".

También ha reivindicado la necesidad de aportar una "inyección económica" a las familias para corregir el alza de precios de los alimentos y, en consecuencia, ha revelado que negocian con el PSOE el despliegue de un cheque ayuda de una cuantía de alrededor de 300 euros. Junto a ello también dialogan sobre la propuesta para crear un impuesto extraordinario sobre los beneficios de los grandes supermercados para que "arrimen el hombro en un momento difícil para nuestra gente".

La secretaria general de Podemos remitió formalmente al PSOE con ese nuevo tributo, en línea con el desplegado a la banca y las eléctricas, que gravaría el 33% de sus márgenes gananciales y planteó una horquilla para dicho cheque entre 250 y 500 euros durante un año para hogares con ingresos no superiores a 42.000 euros al año en un único pago.

En cuanto a las leyes pendientes de aprobación e impulsadas por su espacio, la ministra ha advertido que la normativa de Bienestar Animal está en riesgo, que lo único que quiere es "proteger" a los canes de "maltratadores" y "criminales que ahorcan galgos".

El Congreso ha desconvocado el debate de la Ley de Bienestar Animal que se iba a producir el pasado jueves en el seno de la Comisión de Derechos Sociales, ante la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno sobre la exclusión o no en la misma de los perros de caza, que se celebrará el martes.

Según explicó a los medios la secretaria de Estado para la Agenda 2030, la 'morada' Lilith Verstrynge, esta desconvocatoria se ha producido a petición del PSOE, que ha alegado para ello que "la ley está en riesgo" porque no cuenta "con los apoyos suficientes".

"Desgraciadamente, el PSOE se esta colocando del lado de los maltratadores, de las personas que apalean, torturan y maltratan perros y animales, incluidos los de caza. Están del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran a cachorros en cal viva", declaró Verstrynge.

DESACUERDO ENTRE LOS SOCIOS CON LA LEY DE ANIMALES

Esta situación se produjo un día después de que los socios de Gobierno protagonizaran un nuevo desencuentro. La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en el Consejo de Ministros y enmendada por el PSOE a su llegada al Congreso, para excluir a los perros de caza de la misma.

Unidas Podemos, contrario a esta medida, propuso un acuerdo a los socialistas para excluir a estos animales de la norma, pero solo durante la "acción concreta" de la actividad cinegética, iniciativa que el principal partido en el Gobierno rechazó. Paralelamente, este lunes los socialistas acordaron una enmienda con PP, PNV y Cs, sobre este asunto.

Sin embargo, este martes, los socios del Ejecutivo llegaban finalmente a un acuerdo, que pasaba por considerar a los perros de caza animales de compañía para que estuvieran igual de protegidos que el resto de animales. Con esta medida, estos animales se regirían además por las leyes autonómicas que tendrían que homologarse a la ley estatal.

Horas después de consensuar esta medida, el PSOE volvió a retirarse y ha defender su enmienda original que excluía completamente a los perros da caza de la norma.

También Belarra demandó ayer que se desbloqueara la Ley de Vivienda para desplegar la regulación del alquiler, en línea con las medidas emprendidas por otros países europeos dado que el proyecto de ley lleva meses con su tramitación parlamentaria congelada.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asumió el pasado martes que la aprobación de la Ley de Vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé 'luz verde' definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023.

Mientras, el Congreso planea convocar la próxima semana una reunión de la ponencia encargada de reformas la Ley de seguridad Ciudadana que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, la conocida como 'ley mordaza', según ha revelado el portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda que ve "avances suficientes" en las negociaciones "discretas" que se han venido celebrando en los últimos meses.

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