Bélgica vincula el avance hacia la oficialidad del catalán en la UE a que España explique "mejor" las consecuencias

BARCELONA/MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Bélgica en España, Geert Cockx, ha afirmado que durante la presidencia belga del Consejo de la UE va a avanzar en el proceso para la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE en la medida en que España explique "mejor" las consecuencias jurídicas y financieras de implementarlo.

Así se ha pronunciado este viernes en un acto de presentación de las prioridades de la presidencia belga de la UE, junto con el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo, Sergi Barrera; el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro; el cónsul belga en Barcelona, Pierre-Emmanuel Brusselmans, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

"Somos un país multilingüe, el multilingüismo es importante. Puede acercar las instituciones a los ciudadanos y mejorar la democracia", ha afirmado el embajador belga, que ha añadido que sobre el tema de la oficialidad de estas lenguas hay varias preguntas de diferentes Estados miembros.

Cockx ha asegurado que el Gobierno español ha expresado su compromiso con dar esa información a los países que la han solicitado y "también la Comisión Europea va a trabajar en ella para que los Estados tengan una idea clara", ha añadido.

"En medida que tengamos esa información, claro que vamos a avanzar con ese proceso", ha insistido el embajador del Reino de Bélgica, que tendrá la presidencia del Consejo de la UE en los últimos meses antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

LA CUESTIÓN, FUERA DE LA AGENDA POR AHORA

Por lo pronto, Bélgica ha dejado la cuestión fuera de la agenda del Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el 29 de enero, después de que el Gobierno español la incluyera en hasta cuatro ocasiones en estas reuniones durante su semestre al frente del Consejo de la UE.

España defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluido su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y el Senado, hacen del expediente español un "caso único" que no sería extrapolable a otras regiones europeas; rebatiendo así las dudas de varios socios que temen un "efecto dominó" en sus territorios.

El Gobierno también ha asegurado que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, renunciando así a las disposiciones del propio reglamento de las lenguas de la UE que prevé que ese gasto corra a cargo de las arcas comunitarias. Además, planteó un despliegue gradual para introducir primero el catalán y dejar para más adelante, sin aclarar calendario, el desarrollo del euskera y del gallego.

En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso, pero no ofrecerá un análisis definitivo mientras el Consejo no tome posición formal sobre la petición española.

Para que las tres lenguas cooficiales puedan ser incluidas en el reglamento lingüístico de la UE, como pidió España formalmente el pasado mes de agosto, hace falta la unanimidad de los Veintisiete. En este sentido, ante las dudas manifestadas por algunos de los socios, los ministros acordaron en octubre pedir a la Comisión Europea evaluaciones sobre el impacto financiero, legal y práctico de este paso, pero aún no se han elaborado dichos informes.