Una quincena de preferentistas abandona el juicio después de que el tribunal multara a una mujer que preguntó "cuánto han sufrido los demás"
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa denunció hoy que Elpidio José Silva le ocasionó "un gran daño personal y profesional" a su prestigio, a él mismo y a su familia. Estas palabras han llevado a una mujer que presenciaba entre el público el juicio contra el juez a denunciar el "daño que han sufrido los demás", lo que provocó que el tribunal la expulsara de la sala y la multara con 100 euros.
Este hecho ha provocado la indignación del público que permanecía en la sala de vistas. "Gritar, gritaríamos todos", ha voceado uno de los presentes, que ha abandonado la sala seguido por una quincena de preferentistas.
Por su parte, el juez Silva ha pedido retirarse para "llorar" y el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela exigió que no se multase a "un preferentista" porque esta situación "no tiene nombre". Los magistrados han recordado que han soportado increpaciones y han solicitado mantener la educación durante el juicio.
EL SUFRIMIENTO DE BLESA
"He sufrido mucho en mi vida profesional, familiar y personal. El daño que ha hecho a mi familia, mi prestigio", ha denunciado Blesa, que ha recordado que ha soportado dos prisiones "injustificadas" y ha visto cómo el juez "no ha cesado de estar en los medios criticándole, hablando mal de él y de la Justicia". "Hemos llegado al paroxismo de que dice que yo me dediqué al tráfico de armas con otros ilustres personajes", ha añadido.
El exbanquero ha explicado que las citaciones las recibió a través de la Policía Municipal y la Guardia Civil en lugar de mediante su procurador. El 16 de mayo de 2013 presentó una denuncia porque "tenía las sospechas de que no estaba actuando de manera imparcial" y ese día el juez le comunicó 'in voce' su ingreso en prisión bajo fianza cuando fue citado a su despacho.
Según dijo, tomó esta decisión pese a que el fiscal no había pedido cautelares y la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, había solicitado una caución de tres millones. Finalmente, ese día ingresó en la cárcel con una fianza de 2,5 millones y, tras pagarla, quedó en libertad al día siguiente.
El 4 de junio, recibió una citación para acudir de nuevo al juzgado de Silva por "obstrucción a la Justicia". "Nos temíamos que iba a ocurrir lo que ocurrió, que estaba encerrando una trampa", ha dicho, para recordar que Silva adelantó en un medio de comunicación que volvería a enviarle a prisión y esta vez sin fianza. Además, ha dicho tener conocimiento de que sus comunicaciones estaban intervenidas por un escrito del propio juez.
El interrogatorio de Blesa ha comenzado a las 13.25 y, tan solo dos minutos después, ha sido interrumpido por el juez Silva, que ha pedido acusar de un delito de falso testimonio al ex banquero porque, a su juicio, ha mentido cuando ha dicho no tener un sentimiento de animadversión hacia él y que Carlos Aguilar había sido su abogado en el pasado.
Blesa ha precisado que cuando salió de la cárcel de Soto del Real se limitó a manifestar ante los medios de comunicación que solo quería "un juez imparcial". "El juez dijo a una televisión que si yo me creía que estaba en un restaurante y había un menú para elegir el juez. No pretendía hacer cosa así y siguiendo con el simil gastronómico", ha manifestado que solo quería "comida" en buena calidad.
Apenas media hora después ha terminado su declaración, ha abandonado entre abucheos la sala de vista y ha salido del edificio judicial a bordo de un pequeño vehículo, de marca Mercedes, mientras era increpado por el medio centenar de manifestantes que aguardaban su salida entre gritos de "Ladrón y sinvergüenza".
A su llegada, ha logrado esquivar los abucheos al llegar a primera hora de la mañana y gracias al despliegue policial, que mantenía apartados a los concentrados a unos metros de la sede.
El antiguo responsable de Caja Madrid ha declarado este miércoles contra el juez, que ordenó encarcelarle en dos ocasiones e intervenir sus correos electrónicos y para quien pide una pena de 40 años de inhabilitación. Además, se reserva ejercitar acciones civiles en un futuro.