Bolaños, uno de los padres de la ley amnistía, se convierte en 'superministro' con Justicia en plena protesta judicial

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La gestión de la amnistía ante los tribunales y la eterna renovación del CGPJ, entre sus principales retos

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y uno de los padres de la ley de amnistía, Félix Bolaños, se convierte en 'superministro' al asumir también la cartera de Justicia en plena protesta judicial, un Ministerio del que no es del todo ajeno porque ha estado al frente de las principales negociaciones que afectan a este departamento, como la última tentativa de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC).

Bolaños, madrileño de 47 años, llevará uno de los cargos con más peso del Ejecutivo, hasta el punto de que sus competencias son las propias de un vicepresidente político por la acumulación de poder y el rango de las mismas, aunque formalmente no tenga ese puesto.

Llegó al Gobierno en junio de 2018 como secretario general de la Presidencia pero no fue hasta julio de 2021 cuando ocupó dicho Ministerio. Hasta su desembarco en Moncloa, había ejercido como Letrado del Banco de España, profesor en el Instituto de Empresa (IE Law School) y abogado del despacho Uría Menéndez.

Como ministro de la Presidencia, ha comandado las grandes negociaciones con otras fuerzas políticas, muchas de las cuales relacionadas con el departamento que ahora abandona Pilar Llop, por lo que podría decirse que ha venido ejerciendo de ministro de Justicia en la sombra.

Así, por ejemplo, aunque Juan Carlos Campo fue el ministro de Justicia que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés', Bolaños también estuvo implicado en la tarea, hasta el punto de que fue uno de los miembros del Gobierno que compareció en la rueda de prensa donde se anunció el perdón.

Tras la salida de Campo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó a Bolaños como interlocutor del 'popular' Esteban González Pons para pactar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

En octubre de 2022, estuvo a punto de lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces --que en estos momentos ya lleva casi cinco años con el mandato caducado-- pero la noticia de una inminente reforma penal para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación hizo saltar por los aires un acuerdo que estaba prácticamente cerrado.

Meses más tarde, en diciembre de ese año, la renovación parcial del TC --en el tercio que correspondía nombrar al Gobierno, con dos candidatos, y al CGPJ, con otros dos-- salió adelante por el impulso del bloque progresista del Consejo que propició un vuelco de la entonces mayoría conservadora al actual dominio progresista en la corte de garantías.

También estuvo en la sala de máquinas de la citada reforma penal, que libró de la sedición a los condenados y encausados por el 'procés' pero, tras la revisión que hizo el Tribunal Supremo (TS), mantuvo a los primeros sentenciados por malversación y desobediencia y a los segundos procesados por ambos delitos o al menos el segundo, manteniendo así viva la causa.

Desde la pata de Memoria Democrática --que ahora llevará el expresidente canario Ángel Víctor Torres en el Ministerio de Política Territorial-- también asumió importantes competencias que en tiempos de Campo se gestionaban desde la sede de San Bernardo, como el litigio en torno al Pazo de Meirás.

LA LEY DE AMNISTÍA

Además, ha formado parte del equipo negociador del PSOE para sacar adelante los acuerdos con Junts y ERC que incluyen una ley de amnistía y que han hecho posible un tercer mandato de Sánchez. De hecho, fue el encargado de presentar la medida de gracia a la prensa.

La proposición de ley, registrada el pasado 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados por el PSOE, tiene por delante un recorrido parlamentario que se augura más largo de lo que anticipaban sus promotores debido a las probables enmiendas y a la reforma operada por el PP sobre el Reglamento del Senado para dilatar los plazos.

Esta tramitación parlamentaria y la gestión de la propia ley de amnistía serán sin duda los principales retos de Bolaños en esta nueva etapa como ministro de Justicia.

No solo porque la ley pasará irremediablemente por jueces y tribunales para su aplicación, sino porque las impugnaciones que se esperan llevarán la amnistía al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con la necesaria intervención de la Abogacía del Estado.

OBJETIVO: RENOVAR EL CGPJ

En la lista de tareas pendientes continúa la renovación del CGPJ, a punto de batir el récord de estar los mismos años con el mandato vigente que con el mandato caducado hasta sumar una década.

Aunque hubo un tímido intento de renovación en el contexto de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, se desvaneció con el adelanto electoral al 23 de julio.

El arranque de una nueva legislatura brinda la oportunidad de retomar los contactos PSOE-PP para pactar un nuevo CGPJ, si bien las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que, de persistir el bloqueo, la renovación podría facilitarse mediante un cambio legal.

En su día, PSOE y Podemos intentaron cambiar las mayorías por las que las Cortes Generales eligen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, aunque finalmente dieron marcha atrás ante los avisos de Bruselas.

UNA HUELGA SUSPENDIDA

Bolaños también tendrá que ocuparse del conflicto laboral con los funcionarios de la administración de justicia, que permanece latente desde las pasadas elecciones generales pero que sus promotores ya han avanzado que reactivarán.

Los funcionarios fueron a la huelga el pasado abril con paros parciales y jornadas de paros completos para exigir unas mejoras salariales en línea con las conseguidas por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras la huelga que protagonizaron entre enero y marzo, con la que lograron un aumento de sueldo de hasta 450 euros al mes.

Siguiendo la estela de los LAJ, jueces y fiscales amenazaron con ir también a la huelga pero no fue necesario porque en mayo todas las asociaciones, excepto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), suscribieron un acuerdo con Justicia y Hacienda para conseguir, entre otras cosas, la misma subida salarial que los LAJ.

En este contexto, los funcionarios acordaron ese mismo mayo una huelga total, si bien nunca llegaron a sentarse a la mesa de negociaciones con Justicia, optando por suspender la medida de fuerza por la incertidumbre electoral.

A todo ello se suma el reto de desplegar la 'tríada de la eficiencia' --las leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa en el Servicio Público de Justicia--, un proyecto puesto en marcha por Campo y continuado por Llop que Bolaños tendrá que rematar con la consecuente transformación de la administración de justicia para acercarla al ciudadano.