Borrás, Mundó y Vila son informados de sus delitos y Boya (CUP) defiende la autodeterminación ante Llarena

El exconsejero de Empresa niega que el Gobierno de Puigdemont gastara un euro público en financiar el 1-O

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los exconsejeros catalanes Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), han sido informados formalmente este martes de su procesamiento por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos de boca del propio instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante quien han rechazado hacer manifestación alguna aparte de mostrarse en desacuerdo con las conclusiones del magistrado.

La que sí ha hecho uso de su palabra ha sido la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que ha defendido el derecho de autodeterminación y ha lamentado que la sentencia de este caso "ya está dictada".

El juez Llarena considera que Borrás, Mundó y Vila también eludieron los requerimientos del tribunal de garantías al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesaria para hacer posible la celebración de la consulta ilegal, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.

Con respecto a Boya -a quien únicamente se atribuye desobediencia- el magistrado del Tribunal Supremo dice en su auto que se saltó las decisiones del Tribunal Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, que perseguía la 'desconexión' de Cataluña, y presentar la del Referéndum.

A las puertas del alto tribunal el único exconsejero que ha contestado a las preguntas de la prensa ha sido Vila, quien ha manifestado que ni él ni ningún miembro del exGovern de Carles Puigdemont destinó "ni un sólo euro de dinero público" de la administración en el 1-O. "En consecuencia, la acusación de malversación se va a demostrar que es infudada", ha afirmado.

POR ENCIMA DE LA OBEDIENCIA, EL MANDATO POPULAR

Fuentes presentes en la diligencia judicial han señalado que la única en hacer uso este martes de su palabra ante el juez ha sido Boya, que ha puesto en duda la imparcialidad del magistrado instructor y ha dicho que la sentencia "ya está dictada", por lo que considera que el verdadero juicio se seguirá "en instancias internacionales".

También ha puesto en duda que deba existir un delito como el que se le imputa, que es el de desobediencia, al considerar que el acatamiento de la ley no puede estar por encima del mandato popular, y ha defendido el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

Tras concluir el trámite Boya ha manifestado a los periodistas que todas las iniciativas parlamentarias cuestionadas en este procedimiento judicial "nacían de un programa electoral que era legal, de la voluntad democrática de todos los catalanes que lo votaron y de la parálisis total y absoluta por la ausencia de dialogo por parte del estado español". "Ante este panorama lo único que podíamos hacer es seguir adelante obedeciendo el mandato popular de la gente", ha añadido.

"Más de un país ha dicho ya que este es un juicio político y que se están vulnerando derechos procesales de muchos encausados -ha añadido la exdiputada de la CUP-. Llarena me ha preguntado si mi intención es declararme culpable de rebelión como Forcadell y yo le he dicho que al contrario, mi intención era demostrar que Forcadell es inocente, que se la está juzgando de forma parcial porque no hubo violencia, la violencia fue sólo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre".

Borrás y Mundó fueron encarcelados el pasado 2 de noviembre por orden de la juez de la Audiencia Nacional que entonces instruía la causa, Carmen Lamela, junto con el resto de miembros del exGovern y después de un mes en ella pagaron 100.000 euros para poder quedar en libertad.

Vila, encarcelado el mismo día, sólo pasó una noche en el centro penitenciario y salió al día siguiente tras hacer efectivos los 50.000 euros que se solicitaron en su caso. En cuanto a Mireia Boya, el juez no acordó ninguna medida cautelar contra ella tras tomarle declaración como investigada.

Hasta esta semana, Llarena había informado de los hechos de acusación al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y último candidato a presidir la comunidad autónoma, Jordi Sànchez; el líder de la asociación catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Este lunes pasaron por el despacho de Llarena los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó y Joan Josep Nuet, todos ellos procesados por el delito de desobediencia. La también exparlamentaria Ramona Barrufet ha alegado problemas médicos y cumplirá este trámite por videoconferencia desde los juzgados de Lleida el próximo 21 de mayo.