Bruselas aclara que España presentó el plan de inundación del Júcar en 2023 ante críticas del PP por la DANA

BRUSELAS 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aclarado que España presentó en 2023 la revisión del plan hidrológico de cuenca del río Júcar y de su correspondiente plan de gestión de riesgo de inundaciones, después de que este viernes el Partido Popular criticara la gestión de la DANA por parte del Gobierno.

Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo comunitario a Europa Press después de que la eurodiputada 'popular' Dolors Montserrat haya acusado --en una pregunta dirigida a la Comisión-- a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aspirante a comisaria europea, de no haber notificado a Bruselas por completo su tercer plan hidrológico de cuencas ni su segundo plan de gestión de riesgos de inundación.

Bruselas sí decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en febrero de este año --junto a Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia-- por no haber finalizado la revisión de algunos de sus planes, que deben actualizarse cada seis años.

Sin embargo, fuentes de la Comisión han aclarado a Europa Press que el expediente no afecta a toda España, sino que alude sólo al plan de inundaciones de las Islas Canarias.

En este sentido, las fuentes añaden que los planes para el río Júcar no están involucrados en este expediente, ya que se adoptó en 2023. "El plan del Júcar no tiene nada que ver, ya que está aprobado y es público", han explicado.

En concreto, el 22 de enero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 26/2023 por el que se aprobaba el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

EL GOBIERNO CULPA A LAS CCAA DE INCUMPLIMIENTO

Por su lado, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han agregado que el incumplimiento no es del Gobierno en las cuencas que gestiona, sino de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Canarias y recuerdan que la UE no sanciona o abre expedientes a las comunidades autónomas, sino a los Estados.

Las mismas fuentes añaden que "intentar responsabilizar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de este expediente y de la posible sanción es engañar a la opinión pública puesto que su gestión es completamente ajena a los motivos que motivan dicho expediente".