BRUSELAS, 9 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea no ve en principio motivos de alarma en que exmiembros de un Gobierno sean nombrados como magistrados del Tribunal Constitucional, tal y como ha ocurrido en España con el que fuera titular de Justicia durante año y medio en el Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo; si bien evaluará en detalle el caso español en su informe anula sobre Estado de derecho que publicará en julio.
Así lo aclara Bruselas en una carta de respuesta a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa firmada por la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Estado de derecho y por el comisario de Justicia, los liberales Vera Jourova y Didier Reynders.
En la misiva, los responsables comunitarios confirman estar al tanto de la situación en España y, en especial, de los distintos asuntos sobre los que la eurodiputada alertó a Bruselas al estimar que ponen en riesgo la salud democrática del país, por ejemplo el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las reformas del TC y del Código Penal y la situación con respecto al uso del castellano en Cataluña.
Jourova y Reynders afirman que siguen con atención la evolución de la situación en España pero insisten en que sus servicios realizan una evaluación anual sobre el Estado de derecho en cada Estado miembro y que es en ese marco en el que analizará el fondo de cada una de estas medidas.
La eurodiputada ha pedido en sucesivas ocasiones que Bruselas pase de los mensajes públicos a "advertir" a España cuando publique el informe de julio, como prueba de que "se toman muy en serio la estrategia populista que busca un control sobre el poder que va asfixiando el correcto funcionamiento de distintas instituciones".
"La Comisión continúa siguiendo con atención la situación, en especial en el contexto de la preparación del informe sobre Estado de derecho de 2023, como hace con todos los Estados miembro", escriben en su respuesta a Pagazaurtundúa.
Antes la carta del Ejecutivo comunitario advierte de que la designación como miembros del Tribunal Constitucional en España de antiguos integrantes del Gobierno "no es inusual" en la Unión Europea, por lo que "en sí mismo no plantea preocupación".
Bruselas añade que este tipo de nombramientos deben seguir los procedimientos adecuados y respetar los criterios de elegibilidad establecidos en cada caso, sin importar quienes son los candidatos, cuando se nombran magistrados del TC.