Buscan firmas para ampliar la Ley de Memoria Histórica tras diez años en vigor

Quieren obligar a los juzgados a exhumar víctimas y sancionar a las administraciones que mantengan símbolos franquistas

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de abogados y politólogos va a iniciar en los próximos días la recogida de firmas para que el Congreso pueda debatir una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca ampliar la Ley de Memoria Histórica de cuya aprobación se cumplirá una década a finales de año.

Esta iniciativa, que han bautizado como 'El último paso', ha recibido ya el visto bueno de la Mesa del Congreso, que la ha remitido a la Junta Electoral Central (JEC), el organismo que se encarga de verificar si las ILP reúnen el medio millón de firmas necesarios para ser debatidas en el Pleno del Congreso.

Los promotores de esta revisión de la Ley de Memoria han explicado a Europa Press que han tenido que ajustarla para poder pasar el filtro de la Mesa del Congreso, que la echó para atrás un par de veces porque su contenido original rebasaba los asuntos que se pueden regular mediante una ILP, ya que introducía artículos sobre materias penales, presupuestarias y educativas.

Una vez recibido el aval de la JEC, los impulsores de este texto tienen previsto poner en marcha en breve una página web --www.elultimopaso.es-- para proceder a la recogida del medio millón de firmas que tienen que reunir antes del próximo mes de octubre, aunque si para entonces no llegan a ese mínimo contarán con otros tres más para seguir recabando apoyos.

DIEZ AÑOS PARA CERRAR TODAS LAS HERIDAS

Los abogados y politólogos que están detrás de la iniciativa sostienen que "es el momento de cerrar heridas" que llevan "abiertas desde 1936", que "durante años han sido cerradas en falso" y que "deben ser cicatrizadas mediante el respeto, la solidaridad y la comprensión de una sociedad española digna del Siglo XXI".

Por eso fijan un plazo general de 10 años para proceder a la "total reparación" en esta materia. "Por responsabilidad social, no debemos permitir más sufrimientos. Es de justicia reparar el daño causado", aducen, haciendo hincapié en los principios de "dignidad, verdad y reconocimiento".

En este sentido, proponen una ley que permita a los cónyuges o descendientes de las víctimas o las asociaciones memorialistas iniciar un expediente administrativo para promover exhumaciones.

En el caso de que el propietario de la finca donde se encuentre la fosa o cualquier entidad pública se oponga a la exhumación, se podrá ejercitar expediente de jurisdicción voluntaria a través de demanda ante el juzgado de primera instancia, autorizando a través de un auto la recuperación de los restos y obligando a los organismos competentes a entregarlos.

COLABORACIÓN OBLIGADA DE LOS AYUNTAMIENTOS

La ley fija un año para el comienzo de los trabajos de exhumación desde que se tenga conocimiento de la existencia de la fosa común con "indicios probatorios razonables". Una vez se recuperen los restos, se publicará una esquela por el difunto y se tendrá preferencia para enterrarlos en la parte civil de los cementerios, salvo que la familia indique lo contrario.

Según el texto que quieren se convierta en ley, deben ser las autoridades locales, titulares del cementerio o terreno público en el que se hallare una fosa, las que deben actuar "de forma directa en la recuperación de los restos" y facilitar y promover su dignificación visualizándolos y equiparándolos en honras con el resto de los enterramientos del camposanto.

ELIMINAR SIMBOLOGÍA FRANQUISTA EN UN AÑO

Otro de los artículos de la iniciativa obliga a las autoridades locales a proceder a la retirada de simbología de exaltación de la guerra y la dictadura, incluidas las placas del extinto Instituto de la Vivienda con el yugo y las flechas que aún lucen en los antiguos edificios de protección oficial, o el cambio de nombre de calles o pueblos.

En concreto, los promotores de la ley abogan por fijar un plazo máximo de un año para la retirada de estos símbolos y por establecer "sanciones pecuniarias o de suspensión de derechos" sobre las administraciones que no den cumplimiento a lo preceptuado en la ILP. Asimismo, quieren obligar a retirar expresamente las distinciones de hijos adoptivos, alcaldías honoríficas o medallas de ciudades como máximo en año y medio.

También la Iglesia tendrá que retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil en templos, cementerios o cualquier lugar de su propiedad. Si ésta se declara no competente, será el ayuntamiento correspondiente quien deba asumir su retirada.

EXHUMACIONES EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

La ley dedica un artículo específico al Valle de los Caídos, ordenando su "resignificación como lugar de la memoria de todas las víctimas de la contienda y la dictadura", que se facilite la exhumación de los allí sepultados si lo piden los familiares, que se publiquen los nombres de todos ellos de forma oficial y que se explique a los visitantes el "sentido original" de esta construcción.

Sin embargo, la norma no determina expresamente si deben sacarse de la Basílica del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco ni del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, que están enterrados en el altar mayor.

Además, la iniciativa prevé la colocación de placas explicativas en los lugares, incluidas tapias de cementerios, donde se cometieran crímenes de lesa humanidad o contrarios a los Derechos Humanos, como torturas.

DISTINTOS PARA VÍCTIMAS POR SER MUJERES Y HOMOSEXUALES

Asimismo, plantea la creación por parte del Ministerio de Administraciones Públicas de un registro específico de exiliados, niños robados, guerrilleros, represaliados por su condición sexual, víctimas de género y torturados en campos de concentración.

Por último, proponen crear el Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar y la dictadura y celebrarlo cada 31 de octubre de cada año, coincidiendo con la fecha de aprobación en el Cortes de la Constitución de 1978, así como identificar a las víctimas del franquismo como un grupo social determinado.

Además, quieren que la nueva norma garantice el acceso libre a todos los archivos, incluyendo los de carácter privado, militar y eclesiástico, y que otorgue el máximo reconocimiento a todas las mujeres que sufrieron violencias y crímenes de género en aquellos años y a los que fueron perseguidos "por amar diferente".