El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que el regidor de Badalona, Xavier García Albiol, ocupará el puesto de presidente del nuevo Comité de Alcaldes del PP. Este nombramiento se enmarca dentro de la reestructuración del equipo directivo de la formación 'popular' tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria.
Así lo ha comunicado el propio Casado a la Junta Directiva Nacional del partido, que se ha reunido este jueves de manera telemática, para refrendar los nuevos cambios en la formación. Además de Albiol, Casado ha ratificado a Cuca Gamarra como nueva portavoz del PP en el Congreso, a Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social, y a José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional del partido.
El alcalde de Badalona, exlíder del PP en Cataluña, ya se ha pronunciado a través de un mensaje en Twitter en el que ha querido agradecer la confianza a Casado y ha apelado a seguir trabajando para que los más de 2.000 regidores 'populares' den "las mejores respuestas" a sus vecinos.
Casado ha creado este nuevo Comité de Alcaldes del PP, que ya existía en algunas organizaciones provinciales y autonómicas de la formación, y ha elegido para liderarlo a García Albiol, que consiguió la Alcaldía el pasado mayo tras una crisis del gobierno municipal de la izquierda.
OFENSIVA CONTRA EL ACUERDO DE LOS REMANENTES
Según confirman fuentes 'populares' a Europa Press, la creación de este nuevo Comité de Alcaldes se enmarca dentro de la estrategia del partido de aupar el municipalismo en un momento en el que los regidores están en pie de guerra contra el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP para la utilización de los remanentes.
El Partido Popular ha querido liderar estas protestas contra el acuerdo entre la agrupación municipalista y el Ejecutivo central y avanzó movilizaciones en aquellos consistorios en los que tienen representación. Esta reivindicación es una constante en el PP desde que empezara la pandemia, que ha pedido al Ministerio de Hacienda en reiteradas ocasiones que permita a las entidades locales la utilización de los remanentes y la liberación del superávit.