Castro señala que sólo los ingresos lícitos de Aizoon "no bastarían" para pagar las hipotecas de los Duques

PALMA DE MALLORCA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, señala en su segundo auto de imputación de la Infanta Cristina que si se suman todos los ingresos obtenidos por arrendamientos, única actividad lícita que le reconoce la Agencia Tributaria a su sociedad Aizoon, "no bastaría" para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios contraídos por los Duques de Palma, lo que lleva a concluir que las fincas adquiridas por el matrimonio se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita.

Y es que, tal y como precisa el juez en su resolución judicial, de 227 páginas, los ingresos menores obtenidos por Aizoon provenían del alquiler de inmuebles, por un importe anual de 30.576 euros en 2007 y 27.329 en 2008, "notoriamente inferiores" a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría desplegada por Iñaki Urdangarin y por la que la mercantil ingresó 645.453 euros en 2007 y 494.156 un año después.

El juez se muestra tajante al aseverar que, "por mucho hincapié que se ponga en el beneficio de la duda, no cabe admitir que el dinero del que Doña Cristina se lucró para su exclusivo beneficio y de su marido era justo el que provenía de aquella última actividad, la única regular desplegada por Aizoon, por la sencilla razón de que, siendo notorio que los dispendios superaron a los muy escasos ingresos, es matemáticamente imposible sostener tal afirmación".

En su auto, Castro señala que en los diez años aproximados de existencia de Aizoon ésta nunca repartió dividendo alguno y, en consecuencia, a los beneficios procedentes de las facturaciones realizadas al Instituto Nóos se fueron acumulando los derivados de las que se libraban contra las distintas entidades privadas para las que supuestamente Urdangarin prestaba sus servicios, más el efectivo "del que nunca se desprendió por tributar incorrectamente".

En esta misma línea, abundando en torno a la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de la Infanta, el juez recalca que la Duquesa intervino de manera también directa en la contratación del personal del servicio doméstico, al que "anunció que, si superaban el periodo de prueba les serían pagados sus salarios 'en negro', para luego ser contratados por la entidad Aizoon".