Catalá cree que los cargos públicos deben abandonar sus responsabilidades cuando se abra juicio en su contra

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que el momento más adecuado para que un cargo público investigado por la comisión de posibles delitos abandone sus responsabilidades se produce en el momento del juicio oral, si bien ha precisado que una privación de libertad lleva consigo una "incompatibilidad de hecho" para llevar a cabo la actividad profesional, como ocurre en el caso del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, preso por la 'operación Púnica'.

Al inicio del acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, el ministro ha sido preguntado por el hecho de que cargos públicos como Martínez se resisten a abandonar sus puestos y sobre las seis medidas contra la corrupción que han sido propuestas por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

En cuanto a las ideas de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Catalá ha afirmado que el Gobierno está trabajando "en esa línea" y, en concreto, su departamento está preparando medidas que permitan fijar un criterio general sobre el momento más adecuado para que una persona investigada por los tribunales abandone su responsabilidad política.

LA IMPUTACIÓN NO LLEVA "CARGA SUFICIENTE"

A su juicio, la "mera" imputación no lleva consigo la "carga suficiente" como para tomar "decisiones importantes" pues, aunque se vincula a una concepción de precondenado o culpable, lo cierto es que "no es más que la comparecencia asistido por letrado".

"Es bueno que cada uno tome la decisión que corresponda según su estatus", ha señalado, para apostar por la apertura de juicio oral como el momento para dejar el cargo, si bien ha matizado que cuando hay una privación de libertad hay "una dificultad para llevar a cabo las actuaciones propias de la actividad profesional".

Con todo, ha concluido que el Gobierno está en la "misma línea" que la expresada por Aguirre al presentar medidas de reforma que permitan garantizar que "el Estado de Derecho funciona y el Gobierno está bien vigilante" para mejorar el sistema de lucha contra la corrupción y el delito".