Catalá defiende las detenciones de Alsasua porque la juez cuenta con suficientes indicios

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes la detención por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de las personas identificadas por su implicación en la agresión que sufrieron dos agentes del Instituto Armado en Alsasua (Navarra) y ha mostrado su seguridad de que se habrán encontrado indicios suficientes que acreditan su implicación.

Tras participar en un acto sobre mediación judicial, Catalá ha señalado que noticias como las de esta operación "una vez más ponen de manifiesto que las leyes se cumplen, que el estado de Derecho en España es una realidad cotidiana y que sobre quien incumple actúan los Cuerpos de Seguridad y en última instancia todas la fuerza de la Ley y de los tribunales".

Preguntado por este asunto, el titular de Justicia ha dicho que las detenciones "son fruto de la investigación desarrollada por las fuerzas de seguridad con el apoyo de la Fiscalía y del juez competente en este caso", y que las detenciones se han producido en el contexto de una "brutal agresión a personas que trabajan por el interés general, por defender los derechos de todos los ciudadanos como son en este caso los guardias civiles" .

"Seguro que está acreditado y que forma parte de la actuación del juzgado que está llevando a cabo la investigación en esta materia", ha insistido

La Guardia Civil ha detenido este lunes por la mañana a ocho de las doce personas que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha identificado por su implicación en la agresión ocurrida el pasado 15 de octubre.

La operación se desarrollado después de que la juez Lamela encuadrara la semana pasada esta agresión en el bar Koxka del citado municipio en una campaña de acoso dirigida a aislar a la Guardia Civil y crear un "clima de miedo" entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos a de amistad con ellos.

La magistrada identificó a doce de los agresores, a los que acusa de un delito de terrorismo, y solicitó al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona que hasta ahora llevaba el asunto que se inhiba a su favor.

Según Lamela, la agresión ocurrida en la madrugada del 15 de octubre pretendía "atemorizar" a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias para que abandonen el País Vasco y Navarra.

Lamela vinculó a los agresores con el colectivo Movimiento Ospa y la campaña Alde Hemendiki (Que se vayan, en castellano). El objetivo fue "despertar la inquietud y el desasosiego" y perturbar el pacífico y normal desarrollo de la libertad en actividades tan cotidianas como tomarse algo en un bar.