Catalá dice a la Generalitat que las querellas no entran en la negociación política porque no dependen del Gobierno

Dice al PNV que cuando se recurre al TC es porque hay fundamento, y no se puede decir "te quito cinco y me votas los PGE"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este jueves a la Generalitat de Cataluña de que no se puede vincular la negociación entre instituciones con su demanda de que se retiren las querellas contra políticos relacionados con el proceso independentista, de entrada porque esas querellas no dependen del Gobierno, sino de la Fiscalía.

"Si se ha cometido algún delito, que yo no lo sé, eso no se puede meter en el paquete de la negociación, eso tendrá su cauce y quien tenga que dar explicaciones las tendrá que dar", ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"No podemos asociar la idea de que queremos tener un diálogo franco y abierto con las instituciones de Cataluña con un 'para que esto vaya bien a ver si retiramos las querellas, eso no está en nuestra mano", ha remachado, subrayando que es la Fiscalía quien decide actuar "con absoluta autonomía" cuando analiza unos hechos y ve indicios de delito.

En cuanto a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, el ministro ha defendido que tanto el Gobierno central como los Gobiernos autonómicos los presentan cuando consideran que el otro ha incumplido el marco legal, incluso ha recordado que la Generalitat ha impugnado muchas decisiones del gobierno central --el doble-- que viceversa.

Esa advertencia la ha hecho extensiva al PNV, con quien ahora el Gobierno espera poder negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2017: "Esto no es disponible, no es 'te quito cinco recursos y me apruebas el Presupuesto", ha dicho, recalcando que "una cosa es la actitud positiva, de construir juntos" y otra pedir que se quiten recursos, "porque si están puestos es porque tienen fundamento".

Así, aunque ha admitido que cuando hay negociaciones los recursos "se pueden mirar porque no hay verdades absolutas", ha añadido que "cuando el Gobierno o una comunidad autónoma presenta un recurso ante el Constitucional no lo hace por capricho" ni por "hacer oposición política en los tribunales como a algunos les gusta decir". Para Catalá, "no es problema de tener tranquilidad o de dar caña, sino de respeto a las normas".

NO SE TRABAJA EN IMPUGNAR LOS PRESUPUESTOS CATALANES

En cuanto al proyecto de Presupuestos de la Generalitat, que incluye una partida para un referéndum de independencia, Catalá ha dejado claro que la Abogacía del Estado no está trabajando aún en ninguna impugnación.

De hecho, ha subrayado que la ley primero tiene que aprobarse y, una vez que se conozcan los términos, si el Gobierno detecta inconstitucionalidad el primer paso es convocar la comisión bilateral para buscar un acuerdo y sólo si ésta fracasa se llega a la impugnación.

Catalá ha incidido en que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a debatir con la Generalitat sobre todas sus peticiones, con la excepción del referéndum y eso incluye asuntos que tienen que ver con la "sensibilidad". Tras recordar que la Constitución reconoce las nacionalidades y regiones y sus lenguas, ha admitido que se puede ver si hay que "mejorar algún aspecto en ese sentido".

LA REFORMA CONSTITUCIÓN ES DE "ÉLITES POLÍTICAS"

Con todo, cree que para mejorar muchas cosas, como la financiación autonómica o las relaciones entre Gobierno y comunidades, no es necesaria una reforma de la Constitución. Es más, se ha preguntado si esa demanda de reforma no es más bien un asunto "de élites políticas", puesto que a él nadie le pregunta por ello cuando va a la circunscripción por la que es diputado, Cuenca.

A su modo de ver, la Constitución, que cumplirá 38 años la próxima semana, ha sido un "marco de convivencia extraordinario" y ha permitido gran bienestar y desarrollo. Así, cree que si se quiere reformar se puede hablar, pero dejando "un tiempo tranquilo y reposado".

Catalá cree que es mejor hablar de los problemas reales de los ciudadanos y que entre quienes quieren reformar la Carta Magna hay quien busca "intereses que van más allá de los que dicen", como debatir la forma del Estado. "No hagamos un eslogan de algo tan importante como nuestra norma fundamental de convivencia", ha dicho.