Catalá dice que la sentencia del TEDH no habla de torturas y que la indemnización saldrá de lo que deben los etarras

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado este martes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla de torturas en la sentencia en la que condena a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras que atentaron contra la T4 por trato degradante policial. Además, ha subrayado que la indemnización que reciban habrá que descontarla de lo que deben estos mismos presos por sus delitos.

En concreto, el TEDH ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola -- los etarras responsables del atentado de la T4-- por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008. Según la Corte europea, con sede en Estrasburgo, la actuación policial fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha indicado que esta sentencia evidencia que el sistema de garantías y el sistema de defensa de los derechos "ha funcionado, tanto en el sistema español como en el ámbito del TEDH".

"Por lo tanto, me parece que es un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas, también tienen lógicamente la máxima tutela judicial de sus derechos", ha manifestado.

El ministro de Justicia ha señalado que en este caso se producen "unas lesiones" y el tribunal de Estrasburgo ha acabado indemnizando a los etarras. Esa situación, ha proseguido, es lo que "justifica" que el Estado tenga que pagar esos 50.000 euros.

TUTELA JUDICIAL DE TODOS, INCLUSO DE LOS ETARRAS

"Insisto, no lo califica como torturas, atribuye al Estado español responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados", ha avisado.

Dicho esto, Catalá ha reiterado que la valoración del Gobierno es que se ha producido un "funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos, incluso de los criminales condenados por los delitos más graves" en España.