Catalá insiste en que fue el CGPJ el que pidió información sobre incidencias en la huelga de jueces y no Justicia

El ministro responde al órgano de gobierno de los jueces y le insta a dedicar "esfuerzos a que no haya conflictos en el sector"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este miércoles en que fue el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que solicitó información a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las incidencias ocasionadas por la huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo para poder hacer un seguimiento y no el Ministerio que dirige.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó que los presidentes de los tribunales superiores debían informar de las incidencias y suspensiones de juicios y diligencias durante la jornada de huelga, por lo que éstos ordenaron a los secretarios de gobierno que pidiesen a los Letrados de la Administración de Justicia --anteriormente conocidos como secretarios judiciales-- que facilitasen estos datos.

Algunos de los secretarios de gobierno se opusieron a ofrecer información siguiendo ordenes del Ministerio de Justicia, según alegaron. Precisamente, este miércoles el CGPJ ha remitido un comunicado lamentando la presunta orden dada por el Ministerio de Justicia y afirma que la actitud de los secretarios de gobierno que la siguieron no contribuye al buen funcionamiento de la Administración de Justicia y puede obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos dictados por el consejo".

Es más, asegura que genera "desconfianza", por lo que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido dirigirse al ministro para pedirle que adopte las medidas oportunas con el fin de que este tipo de situaciones "no vuelvan a producirse".

NIEGA INSTRUCCIONES

Ante esto, el ministro de Justicia ha recordado que la "información relativa" a la huelga --que ya está "pasada" y espera que no se produzca más, ha señalado-- corresponde al CGPJ y no al Ministerio de Justicia, por lo que ha vuelto a negar que su departamento haya dado estas órdenes. Ya lo hizo el mismo día de la huelga cuando alguna de las asociaciones que convocaron la jornada de paro denunció públicamente este hecho.

Asimismo, ha afirmado que está "deseando" conocer la "comunicación" del CGPJ "para entender cuál es la preocupación" y que espera que la institución presidida por Carlos Lesmes "ojalá dedique esfuerzos a que no haya conflictos en el sector".

Aún así, Catalá ha defendido a los secretarios judiciales y ha dicho que éstos no pueden informar de aquello "que no saben". Según ha explicado, los Letrados de la Administración de Justicia pueden conocer las incidencias y "si se ha suspendido" alguna diligencia pero no el motivo de ello.

CONFERENCIA SECTORIAL

Por otro lado, en la misma rueda de prensa el ministro de Justicia ha explicado que la conferencia sectorial ha tratado cuatro puntos relacionados con los juzgados especializados en cláusulas suelo, la negociación con colectivos profesionales de jueces y fiscales, cooperación para las nuevas tecnologías y reformas legislativas.

En cuanto a las cláusula suelo, que el próximo día 1 de junio hace un año que se puso en marcha el plan de urgencia creado por el CGPJ para atender a la avalancha de demandas judiciales sobre este tema, ha dicho que se ha analizado la situación sobre la carga de trabajo de los juzgados especializados, aunque este tema continuará estudiándose el próximo 12 de junio con el órgano de gobierno de los jueces.

Por otro lado, ha subrayado que muchas de las demandas planteadas por las asociaciones de jueces y fiscales, así como organizaciones sindicales, se podrán llevar a cabo una vez que se han aprobado los presupuestos generales del Estado y ha recordado que para ello el Congreso de los Diputados también está tramitando muchas modificaciones de leyes.

Por último, aunque ha aplaudido que se haya acordado la creación de un grupo de trabajo relacionado con las negociaciones que mantienen cada una de las comunidades autónomas con sindicatos y asociaciones y así fortalecer la "voluntad" de coordinación entre todas las administraciones públicas, ha lamentado que finalmente haya "fracasado" el proyecto de implantar un sistema de gestión procesal único y común para todos.