Catalá quiere la "reforma integral de la Justicia" con los 1.700 millones destinados al Ministerio para 2017

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado este martes ante el Pleno del Congreso de los Diputados el presupuesto de su departamento para 2017, dotado con 1.700 millones de euros, 121,3 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 7,7%. Con estas cuentas, ha señalado, es posible afrontar el "proceso de reforma integral que necesita la Justicia", para lo que ha pedido "responsabilidad, compromiso y voluntad de los distintos grupos políticos".

El titular de Justicia ha ofrecido su "colaboración, diálogo y búsqueda de consensos" al resto de partidos, a los que ha convocado al trabajo conjunto de lo que ha calificado como una "reforma inaplazable" para conseguir "más agilidad, nuevos procesos y modelos organizativos, así como mayor transparencia, eficiencia, accesibilidad y tecnología", "sin descuidar la protección a los colectivos especialmente vulnerables". Durante el periodo 2105-2017 las cuentas para este departamento se han incrementado en un 16,65%, "colocando a la Justicia en un papel de máximo protagonismo en la agenda del Estado".

El ministro ha destacado asimismo el modo en que se organizan esos recursos para que la Justicia llegue "donde es más necesaria". En ese sentido, ha destacado la "apuesta" por el refuerzo de plantillas y su profesionalización, que se traduce, ha asegurado, en un aumento del 3,6% de los recursos en una partida presupuestaria que ya dedica más del 79% a personal y el incremento de un 86,4% en infraestructuras, transformación tecnológica y mejora de equipamientos.

Con los 1.350 millones de euros dedicados a personal se crearán 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales y se aumentará la profesionalización a través de la Oferta de Empleo Público que contempla 3.000 nuevas plazas para distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, de las cuales 500 son nuevas y las otras 2.500 se destinarán a cubrir puestos ocupados en la actualidad por personal interino.

Igualmente, el ministro ha resaltado el apoyo de estas cuentas al gasto social, destinado casi 81 millones de euros a áreas especialmente sensibles, como la asistencia jurídica gratuita, Oficinas de Asistencia a las Víctimas, la lucha contra la violencia de género, el apoyo a la diversidad funcional o la atención a colectivos que requieren especial protección como los menores.

Otro capítulo destacado de estos presupuestos es el de inversiones, con un total de 183 millones de euros, cerca de 85 millones más que en el ejercicio anterior. En este apartado, la transformación digital de la Justicia y registros civiles recibirán 149 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 90%.

Estas cifras se traducirán en la ampliación de la Justicia digital a otros 30 partidos judiciales y de Fiscalía digital a otras 10 fiscalías del territorio gestionado por el Ministerio. Se seguirá trabajando en colaboración con las comunidades autónomas para implantar el sistema de gestión procesal común y se renovarán más de 9.000 ordenadores, así como equipos de imagen y sonido en 600 salas de vistas.

En cuanto al Registro Civil, seguirá siendo público, gratuito y electrónico, con un modelo de gestión que mejore su eficiencia, accesibilidad y calidad. Para su transformación digital se invertirán 14 millones de euros en su renovación tecnológica, la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia y la culminación de las comunicaciones electrónicas de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios.

Por otro lado, Rafael Catalá se ha referido al incremento del 72% en la dotación del Plan de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio, que contará con 33,4 millones de recursos. Recursos que irán destinados, entre otros fines, a la construcción de nuevas sedes judiciales en Badajoz, Albacete, Guadalajara, Ibiza, Segovia, Lorca o Talavera de la Reina o a la rehabilitación y mejora de otras sedes existentes, como las de los palacios de Justicia de Soria y Palencia, los juzgados de Trujillo o la adaptación al uso judicial de la antigua sede del Banco de España en Ceuta.

Estos recursos alcanzarán también a la renovación de equipos, en la que destacan los 5,7 millones que se destinarán al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para sustituir la tecnología obsoleta e incorporar nuevas técnicas analíticas, así como para adquirir mejores equipos tecnológicos e instalaciones al servicio de la investigación forense.