El CDR pide a la CE que los países frontera con Ucrania y Rusia tengan flexibilidad en los programas de financiación

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Comisión de Política Económica del Comité de las Regiones (CDR) han pedido a representantes de la Comisión Europea durante un debate que las regiones cercanas a las fronteras ucranianas y rusas, que se enfrentan a retos cada vez mayores, se incluyan en las soluciones a largo plazo que requieren flexibilidad en los programas de financiación existentes.

"La invasión rusa de Ucrania está provocando importantes consecuencias económicas en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea", ha señalado el CDR en un comunicado, en el que ha apuntado que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y la crisis inflacionaria tienen un "fuerte impacto" en las economías que dependen de los vínculos comerciales y energéticos con Rusia.

Por su parte, el concejal de Lappeenranta, Ilpo Heltimoinen (FI/CR), ha subrayado el "grave impacto del conflicto en su región" debido a que la exportación de madera depende del canal Saimaa que conecta Finlandia con Rusia y que el gobierno ruso "amenaza" con cerrar.

Pehr Granfalk (SI/PPE), miembro del Consejo Municipal de Solna, ha apuntado en esta línea que las regiones suecas, que importan principalmente productos químicos de Rusia y Bielorrusia para purificar el agua, se están enfrentando a un periodo de escasez y que el objetivo debe ser encontrar un suministro fiable dentro de la UE.

Durante la reunión, los miembros del CDR aprobaron además un proyecto de dictamen sobre la ley de datos de la UE --que está previsto que se apruebe en el Pleno del CDR a finales de junio--, cuyo objetivo es garantizar que las empresas de la UE puedan innovar y competir en todos los sectores, empoderar a las personas con sus propios datos y equipar mejor al sector público para responder a los retos de la sociedad, como las emergencias pandémicas.

En este sentido, el CDR ha pedido a la Comisión Europea que defina claramente la situación de emergencia en la que la legislación sobre datos permite al sector público acceder gratuitamente a los datos de las empresas, teniendo en cuenta, por ejemplo, las emergencias transfronterizas.