Un centenar de empresas renuncia a pedir indemnizaciones al Estado por los cierres en pandemia tras el fallo del Supremo

El alto tribunal ya ha rechazado recursos de 48 compañías, a los que ha impuesto costas de hasta 4.000 euros

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de empresas ha desistido de seguir adelante con las reclamaciones de indemnización al Estado por los cierres durante la pandemia tras el fallo del Tribunal Supremo (TS) del pasado octubre, que fijó como doctrina que la Administración General del Estado no tiene que compensar a los hosteleros por los daños que dicen haber sufrido a raíz de las medidas adoptadas durante el estado de alarma.

Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que son ya 106 las compañías que han decidido retirarse del procedimiento que seguían ante el Supremo para reclamarle que obligara al Estado a indemnizarles. Según han precisado dichas fuentes, las empresas han optado por desistir de sus recursos toda vez que el alto tribunal ha rechazado 48 desde finales de octubre y les ha impuesto a todos el pago de costas, de unos 4.000 euros en promedio.

Entre los 48 casos que ha desestimado el Supremo, han señalado las fuentes, figura el del Grupo Globalia, que solicitaba una indemnización de unos 315 millones de euros. En todos los casos, tal y como hiciera en el primero, el TS ha explicado que la responsabilidad patrimonial exige una antijuricidad y que en este caso los daños sufridos por los hosteleros no son antijurídicos porque las medidas adoptadas por la Administración del Estado para hacer frente al coronavirus fueron "necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación".

El Supremo ha recodado, además, que --aunque los reales decretos del estado de alarma se declararon parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC)-- fue la propia corte de garantías la que afirmó que esa inconstitucionalidad no era por sí misma título suficiente para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Cabe recordar que el Supremo tiene sobre la mesa unas mil reclamaciones patrimoniales por los cierres consecuencia de la COVID-19. En el Gobierno, por su parte, calculan hasta 9.000 reclamaciones.