El CGPJ dice ante la Red Judicial Europea y en pleno debate sobre la amnistía que las sentencias "deben respetarse"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vocal José María Macías, actuando en representación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha defendido este miércoles ante la Red Judicial Europea que las decisiones de jueces y tribunales "deben respetarse y ejecutarse" como "condición básica" para la vigencia del Estado de Derecho, en el marco de la polémica por la declaración institucional realizada por el órgano de gobierno de los jueces sobre la futura ley de amnistía.

"Las sentencias y resoluciones emitidas por cualquier autoridad judicial europea deben respetarse y ejecutarse, además de en el propio Estado, en cualquier otro Estado de la Unión", ha dicho el vocal conservador en su intervención.

Macías ha subrayado que "lo que es condición básica y elemental para que en un Estado pueda afirmarse la vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley, que las sentencias siempre se cumplan en el propio Estado, lo es también entre los estados que aspiran a compartir un espacio judicial real y efectivo".

Así se ha pronunciado en el plenario de la Red Judicial Europea, celebrado dentro de los trabajos de la Presidencia española de la UE, y donde están presentes 140 representantes de los poderes judiciales, fiscalías y ministerios de Justicia de los miembros de la UE y otros países europeos.

La Red Judicial Europea es un mecanismo de puntos de contacto nacionales de los estados miembros de la UE designados entre autoridades centrales con competencias específicas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal para hacerla efectiva.

EL CGPJ Y LA AMNISTÍA

Macías ha pronunciado estas palabras después de que el CGPJ aprobara el pasado lunes en un Pleno extraordinario --con su voto y el de otros ocho vocales del ala conservadora-- una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que se denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

La iniciativa partió de ocho vocales que, tras enmendar el texto original, sumaron a Wenceslao Olea, y contó con el rechazo de los cinco vocales progresistas que asistieron al cónclave --Álvaro Cuesta se ausentó al considerar "manifiestamente ilegal" este Pleno extraordinario-- y el voto en blanco del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Guilarte explica que votó en blanco porque considera que este posicionamiento "a favor de una opción política" determinada es "prematuro" por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley.