El CGPJ no encuentra tacha disciplinaria en la juez Rosell por desatención en su labor en un juzgado de Las Palmas

Había sido denunciada por el abogado del empresario grancanario José Miguel Suárez Gil

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por cinco votos frente a dos, archivar el expediente disciplinario contra la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell por la supuesta comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de procedimientos judiciales cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Los miembros de la Comisión Disciplinaria no han considerado acreditado que Rosell interviniera en un procedimiento judicial en el que había sido recusada, tal y como sostenía el Promotor de la Acción Disciplinaria que incoó el expediente y que proponía sancionar a la magistrada con un mes de suspensión de funciones. La Fiscalía pedía la misma sanción para la exparlamentaria de la formación morada.

Los votos contrarios a la decisión de la mayoría corresponden al presidente de la Comisión Disciplinaria, Wenceslao Olea, que ha anunciado voto particular, y la vocal Carmen Llombart, según ha informado el órgano de gobierno de jueces en una nota.

La investigación abierta por el CGPJ en noviembre del pasado año se centraba en aclarar si la juez incurrió en desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013 por el investigado, Eduardo López Mendoza, abogado durante años del empresario grancanario José Miguel Suárez Gil.

El expediente disciplinario que ahora se archiva tenía su origen en un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por dicho abogado que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.