CGT pide prisión provisional para Blesa y retirada del pasaporte para Rato por las black

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación General del Trabajo (CGT), que junto a la CIC ha ejercido la acusación popular en el caso de las tarjetas 'black', ha presentado un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidiendo la adopción de medidas cautelares para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su sucesor y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenados a seis y cuatro años y medio de prisión respectivamente por el caso de las tarjetas 'black'.

El sindicato solicita prisión provisional sin fianza y, subsidiariamente, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio del Estado sin autorización judicial para Miguel Blesa, mientras que para el exvicepresidente económico del Ejecutivo pide retirada del pasaporte y prohibición de salida de España sin autorización judicial ante la existencia de riesgo de fuga.

El sindicato se suma así a la petición de medidas cautelares efectuadas por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y el Ministerio Fiscal, si bien este último solo las pide para el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2012 y no para Rodrigo Rato. Ambos comparecerán en la vista fijada por la Audiencia Nacional para este viernes.

El sindicato basa su solicitud "en las concretas circunstancias del caso", en las condenas de prisión que la Sala de Lo Penal impone a los dos expresidentes de la caja extinta, así como en su posición económica, sus contactos y medios, pues, todo ello constata que "existe un riesgo de eludir la acción de la Justicia".

El sindicato también se hace eco en una nota de la responsabilidad de los otros 65 exaltos cargos y directivos de la caja "designados por partidos y sindicatos, supuestamente de izquierdas", los cuáles "aún conociéndose su participación en el caso juzgado, continuaron manteniendo en cargos orgánicos".

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo condenó a los 65 beneficiarios de las tarjetas como colaboradores de una práctica, que según la sentencia conocida el pasado jueves, podrían haber erradicado. Las penas van de tres meses a seis años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida.