Cifuentes cree Puigdemont está "deslegitimado" para convocar elecciones porque no ofrece "seguridad jurídica"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está "deslegitimado" para convocar elecciones porque, a su parecer, no está en condiciones de ofrecer "seguridad jurídica".

Así lo ha indicado Cifuentes durante la firma de un acuerdo de colaboración con las comunidades de Galicia y Castilla y León, celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En respuesta a la pregunta de los medios de comunicación sobre si debe suspenderse la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de Cataluña convoca elecciones, Cifuentes ha manifestado que cuando se llegue a ese río se cruzará ese punte, "aunque este a la vuelta de la esquina", pero ha indicado que "seguro que el Gobierno, con el apoyo de los partidos, tomará la mejor decisión, siguiendo el interés general de todos los españoles sea cual sea la decisión".

Ahora bien, la presidenta autonómica ha incidido en que el artículo 155, aún siendo plenamente constitucional, nunca se había aplicado por lo que "las derivadas consecuencias que puede tener es algo que habrá que ver".

"Entiendo que si esta situación llegara, desde el punto de vista jurídico, la propia Abogacía del Estado y el resto de poderes tendrán que analizar las consecuencias de la aplicación", ha trasladado a continuación.

En todo caso, Cifuentes ha manifestado que, en su opinión, el Gobierno de la Generalitat y Puigdemont "están ya deslegitimados, se encuentran fuera de ley y no tienen capacidad para poder convocar y llevar a caso unas elecciones".

"Están instalados en una situación de inseguridad jurídica absoluta, por tanto la realización de elecciones autonómicas en Cataluña se tendría que llevar de forma que se garanticen los principios que rigen cualquier elección en todo el territorio español", ha dicho.

A su parecer, en estos momentos, tanto el Gobierno catalán como los partidos independentistas que le apoyan "no están en condiciones de ofrecer seguridad jurídica".