CiU quiere que el catalán sea un requisito para prestar servicios judiciales en Cataluña

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CiU defenderá la próxima semana en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama que el conocimiento del catalán sea considerado un requisito para la prestación de servicios judiciales en Cataluña.

El portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, pedirá en la Comisión del ramo, que se celebrará la semana que viene, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea un condición para prestar servicios en el ámbito judicial de la correspondiente comunidad.

NO PUEDE SER "MOTIVO DE EXCLUSIÓN"

Jané considera que la lengua no puede ser "un motivo de exclusión" en las relaciones de los ciudadanos con la Administración y recuerda que los actos jurídicos realizados en catalán tienen "plena validez y eficacia".

Es por ello por lo que el nacionalista catalán subraya que la Administración debería "velar" por el cumplimiento de esta legalidad y "articular" su funcionamiento en cualquiera de las lenguas oficiales.

En este punto, destaca que, según el Estatut, los jueces y magistrados, fiscales y el personal al servicio de la Administración de Justicia tienen la obligación de acreditar un nivel de conocimiento "adecuado" de las lenguas oficiales para prestar servicios.

LA REALIDAD ES OTRA

Sin embargo, el también vicepresidente cuarto del Congreso apunta que la realidad demuestra que la utilización de las lenguas propias y oficiales en el ámbito judicial "dista mucho de ser homologable" al previsto en otros estamentos públicos.

Pese a que la Ley Orgánica del Poder judicial valora como "mérito" el conocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas, el diputado catalán recalca que ello "no contribuye garantizar el derecho efectivo a su uso".

De ahí que CiU insista en la necesidad de realizar una nueva redacción de aquellos preceptos de la citada ley que se refieren a las lenguas cooficiales en el ámbito judicial con el fin de que su conocimiento sea un requisito para garantizar su uso en las autonomías con más de una lengua oficial.