Ciudadanos pide a los demás partidos que sean consecuentes y tramiten mañana su ley integral contra la corrupción

El texto incluye medidas para proteger a denunciantes de corrupción, apartar a encausados y penalizar el enriquecimiento ilícito

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes registrada el pasado septiembre por Ciudadanos, que espera que los demás partidos sean "coherentes y consecuentes" y apoyen o al menos permitan la tramitación de esta iniciativa.

La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Inés Arrimadas, ha señalado en rueda de prensa que "esta semana, el resto de partidos se van a tener que mojar" y decir "si quieren o no quieren que se tramite una ley integral contra la corrupción por primera vez en democracia". "Espero que los que hacen discursos en los mítines diciendo que hay que acabar con la corrupción sean coherentes y consecuentes cuando voten en el Congreso", ha manifestado.

Según ha explicado, los objetivos de la proposición de ley son garantizar más transparencia, aumentar la responsabilidad de los partidos políticos en relación con los casos de corrupción que les afecten y tener mejores mecanismos e instituciones de control.

EVITAR QUE LA CORRUPCIÓN SEA TAMBIÉN UN PROBLEMA ECONÓMICO

Todo ello para evitar que la corrupción, que es "un problema ético pero también económico" para España, "campe a sus anchas", y para "devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones democráticas". Según Arrimadas, es necesario abrir "una nueva etapa en la que la corrupción política se persiga, no se tape y se justifique".

La proposición de ley de la formación naranja plantea la creación de una Autoridad Independiente de la Integridad Pública encargada de controlar que las autoridades y el personal del sector público estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno.

Este órgano es el que aplicaría el régimen sancionador en materia de buen gobierno recogido en la legislación actual y el que tutelaría los derechos de los denunciantes de corrupción. Estos denunciantes --tanto empleados públicos como el resto del personal del sector público-- tendrían derecho a la confidencialidad, al asesoramiento legal en relación con su denuncia y a la indemnidad en su puesto de trabajo, entre otros.

Asimismo, Ciudadanos propone que los "encausados judicialmente o condenados" por su implicación en procesos relacionados con la corrupción o por delitos castigados con penas graves no puedan formar parte de listas electorales.

Esto mismo plantea aplicarlo a "todos los cargos en ejercicio, incluidos los diputados y senadores, los diputados de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, los diputados del Parlamento Europeo y los miembros de las corporaciones locales".

Así, "automáticamente perderían su condición por incompatibilidad sobrevenida cuando fuesen encausados judicialmente, desde que fuese firme la resolución que dictase la apertura del juicio oral o el procesamiento y hasta que el proceso judicial se resolviese por todos sus trámites, incidentes y recursos".

PROHIBIR A LOS CARGOS CUENTAS EN EL EXTRANJERO

Además, la iniciativa legislativa establece que no podrán ser nombrados para desempeñar un alto cargo en la Administración General del Estado quienes se encuentren encausados judicialmente o condenados por su implicación en procesos relacionados con la corrupción o por otros delitos castigados con penas graves o con la inhabilitación o suspensión del cargo público.

Por otro lado, los altos cargos no podrán tener cuentas o activos financieros en paraísos fiscales --para detectarlo, la Agencia Tributaria colaborará con la nueva Autoridad Independiente de Integridad Pública-- y se endurece el régimen sancionador aplicable a aquellos que cometan una infracción en el ejercicio de sus funciones.

La proposición de ley de Cs incluye además la prohibición de indultar a condenados por corrupción, un cambio legal que el Congreso ya admitió a trámite hace una semana a través de una ley específica presentada por el PSOE.