MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha afirmado este miércoles que su partido respeta la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Valle de los Caídos, pero también ha abogado por aplicar el informe que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó a una comisión de expertos, el cual recomendaba que los restos de Francisco Franco se retirasen de la Basílica del Valle y fuesen enterrados donde decidiera la familia del dictador.
La resolución judicial, "nosotros la respetamos y acatamos", ha dicho en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, añadiendo que a él no le gusta que "se pueda realzar y pueda ser objeto de homenaje un dictador, del signo que sea". "Si resulta que eso se puede convertir en un lugar de peregrinaje de una ideología antidemocrática, es un problema", ha señalado.
Así ha respondido cuando se le ha preguntado por la decisión del Supremo de desestimar el recurso interpuesto por el exjuez Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, que denunciaban que el Gobierno había vulnerado sus derechos al optar por el silencio administrativo ante su petición de que el Valle de los Caídos se convirtiera en un Espacio de Memoria de las Víctimas y que se trasladasen los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera.
No obstante, Girauta ha recordado que hay un informe de 2011 en el que se pronunció un grupo de expertos. "Lo que tenemos que hacer es seguir las directrices de una comisión de expertos, que actúa a partir de criterios que son los propios de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos", ha manifestado.
Además de trasladar los restos de Franco, la comisión propuso mantener enterrado en el Valle de los Caídos a José Antonio Primo de Rivera, fundador de La Falange, porque fue víctima durante la Guerra Civil, pero sin ocupar un lugar destacado sobre el resto de fallecidos. También recomendó "resignificar" el Valle de los Caídos para que se rindiera homenaje a las víctimas de los dos bandos.
Sin embargo, los expertos supeditaron esas decisiones a que el Gobierno alcanzase un consenso parlamentario amplio, así como la autorización de la Iglesia. Precisamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha referido varias veces a esa necesidad de "consenso político y social" para explicar por qué hasta ahora no se han aplicado las conclusiones del informe.