El comisario Gómez Gordo y el chófer de Bárcenas volverán el jueves a la Audiencia Nacional imputados en Kitchen

Esta pieza secreta del 'caso Villarejo' ya salpica a gran parte de la cúpula policial de Fernández Díaz

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha vuelto a citar en calidad de imputados al comisario Andrés Gómez Gordo y al que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que amplíen su declaración en relación a la 'operación Kitchen', el operativo policial sin control judicial que se habría desarrollado a partir de 2013 para sustraer documentación sensible del PP a su extesorero, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Se trata de la séptima pieza secreta del caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, y que ha salpicado a gran parte de la cúpula policial que tenía bajo su mando como ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, empezando por el número 2 entonces de la Policía Nacional, el DAO Eugenio Pino.

Gómez Gordo, al que se considera próximo a la secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal porque ocupó un cargo de responsabilidad con ella de presidenta de Castilla-La Mancha, ya prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado 16 de enero investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

En aquel momento, respondió durante algo más de una hora a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y su defensa para desvincularse de aquel operativo. Su única participación habría sido, según el contenido de su declaración avanzado por eldiario.es, poner en contacto al chófer de Bárcenas con el comisario José Manuel Villarejo, objeto central de la causa abierta en la Audiencia Nacional.

Terminado el interrogatorio, el juez, a instancias de Anticorrupción, acordó retirarle el pasaporte y le impuso la prohibición de abandonar el país, cautelares que siguen vigentes en la actualidad.

Recientemente nombrado comisario, fue condecorado durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior por su labor de enlace entre la UDEF y la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que comandaba Eugenio Pino. Se le relaciona además con el frustrado proyecto del Campus de la Justicia, en la Comunidad de Madrid, donde iba a ocupar el puesto de responsable de seguridad.

En la actualidad, ocupa un puesto en Alicante no exento de polémica, pues los sindicatos policiales ASP y ARP han denunciado que lleva aparejado el disfrute de una vivienda que, según el grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados, se trataría de una "prebenda".

EL USO DE FONDOS RESERVADOS, EN EL PUNTO DE MIRA

Ahora, el juez le vuelve a requerir para que amplíe su declaración después de haber escuchado entre otros testigos, al facultativo Miguel Ángel Bayo, que bajo mando de Eugenio Pino se encargaba de la gestión administrativa de los fondos reservados en la DAO.

En cuanto a Ríos, que prestó declaración ante García Castellón en el mes de enero durante más de tres horas, tiene también retirado el pasaporte y prohibición de salir del país, así como está obligado a comparecer periódicamente en sede judicial. Es policía y tiene plaza en Madrid.

En su caso, se le investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, robo y allanamiento, el que sufrió la familia de Bárcenas en su domicilio a manos de un hombre disfrazado de sacerdote que cumple por aquello 22 años de cárcel tras un juicio en el que Ríos hizo de testigo de la acusación.

De acuerdo a la información que obra en la causa, Ríos estuvo cobrando de fondos reservados al menos durante dos años a razón de 2.000 euros al mes, extremo que habría certificado el Ministerio del Interior mediante los recibís y las notas de seguimiento de aquella operación que a petición del juez, puso a disposición de los investigadores.

IMPUTADA GRAN PARTE DE LA CÚPULA POLICIAL

Su propio jefe, Bárcenas, que está personado como acusación en la causa en tanto que víctima del presunto robo de documentos, declaró ante García Castellón y si bien dijo no haber tenido constancia de que se le hubiese sustraído nada, sí apuntó tres ocasiones en las que Ríos podría haber accedido a información sensible, pues estuvo al cargo de trasladar papeles en hasta tres mudanzas.

No obstante, se habrían realizado seguimientos y otras 'labores' de espionaje. Según avanzó El Mundo, la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, ha aportado a la Audiencia Nacional un teléfono móvil que le facilitó la propia policía "por seguridad" tras el asalto de su vivienda bajo la sospecha de que el terminal se utilizase en realidad para monitorizarla.

También en calidad de testigos han pasado ya por la Audiencia Nacional Enrique Barón, excomisario general de Información; Manuel Morocho, inspector de la Policía encargado en origen de investigar el caso Gürtel y la caja B del PP que controlaba Bárcenas; y los dos comisarios que ejercían de secretarios generales de la DAO entre 2013 y 2015.

Además, han comparecido como investigados en este periodo el propio Eugenio Pino, sus adjuntos José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; el ex comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, el que fue jefe de Seguimientos de la UCAO que dirigía el también imputado por 'Kitchen' Enrique García Castaño; éste y el propio comisario Villarejo.